Aunque en la aprobación de las leyes sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones se incorporaron diversos elementos positivos para evitar abusos, todavía hay algunos otros puntos que pueden significar un riesgo cuando entre en funciones la Guardia Nacional, advirtió la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En una carta elaborada por el representante de dicho organismo internacional, Jan Jarab, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Llamó a la Mesa Directiva y a la Jucopo de San Lázaro para que discutan las leyes, hagan los cambios pertinentes y no las dejen pasar como llegaron del Senado.
Jarab planteó nueve elementos de preocupación, entre ellos que no se haya incluido a los agentes migratorios como “autoridades que hacen uso de la fuerza”; la laxitud en algunos términos como “persona autorizada por el Estado” y “neutralizar”; se advierte una “regulación insuficiente e inconsistente del principio de proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza, sin que quede claro cómo los agentes armonizarán o priorizarán la aplicación de todas las normas relativas a este principio de funciones”
