Luego de la revelación de la compra y utilización de un software espía para geolocalización durante la pasada administración, integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados externaron sus preocupaciones sobre las regulaciones que giran en torno a los programas de espionaje que aún mantiene el Gobierno federal.
La investigación conjunta de Reporte Índigo con la organización R3D, puso en evidencia el uso de dicha herramienta durante 2018, adquirida dos días después del arranque de las campañas federales por 4 millones 564 mil 252 dólares; un programa que permitió la intercepción arbitraria de comunicaciones, violando derechos fundamentales como el de la privacidad.
Sobre esto, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, consideró inquietante que la Fiscalía General de la República aún haya podido realizar acciones de espionaje irregular, un acto que calificó como riesgoso en vista de que vulnera los derechos individuales.
