Hermosillo, Son., julio 1° de 2019.- En atención a los acuerdos aprobados en la sesión
extraordinaria del pasado 25 de junio, este día comparecieron ante el Pleno de la LXII Legislatura
el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, David Anaya Cooley, y el Secretario de Gobierno,
Miguel Ernesto Pompa Corella, quienes expusieron sobre el estado que guarda la seguridad
pública en la entidad y en relación a la convocatoria para renovar el Instituto Sonorense de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ISTAI, respectivamente.
Para esta sesión extraordinaria a la que convocó la Diputación Permanente, la mesa directiva
estuvo integrada por los diputados Alejandra López Noriega, presidenta; María Alicia Gaytán
Sánchez, vicepresidenta; Marcia Lorena Camarena Moneada, primera secretaria; Fermín Trujillo
Fuentes, segundo secretario; y Orlando Salido Rivera, suplente.
El Secretario de Seguridad Pública en el Estado presentó las acciones estratégicas de la
dependencia a su cargo y destacó que Sonora se encuentra en la quinta posición de los estados
con menor índice delictivo y en el primer lugar entre las entidades fronterizas.
A junio de 2019 se registro una incidencia delictiva del 50.32 por ciento, mientras que en mayo fue de 63.62 por
ciento, de acuerdo a los datos presentados.
Agregó que el delito más frecuente es la violencia intrafamiliar y el de menor incidencia es daño en
propiedad ajena.
En violencia intrafamiliar, Hermosillo es el que más denuncias registró hasta el
pasado 23 de junio, con 154 mil 987, mientras que el que menos registró fue Nácori Chico, en tanto
que un delito que registro índices a la baja es el de privación ilegal de la libertad.
Entre los diez municipios con mayor índice delictivo aparece en primer lugar Hermosillo, con 154
mil 987 delitos durante 2018, seguido de Cajeme, con 59 mil 525; San Luis Río Colorado, 54 mil
830; Nogales, 33 mil 595; Guaymas, 12 mil 253; Navojoa, 12 mil 181 ; Caborca, 1 O mil 200; Puerto
Peñasco, 8 mil 184; Agua Prieta, 7 mil 569 y Empalme, 2 mil 643.
El Secretario de Seguridad Pública informó que en incidentes violentos registran heridos con arma
blanca, con arma de fuego, homicidio, lesionado en riña, privación de la libertad y violencia
intrafamiliar.
Los homicidios, a junio de 2019, suman 382 en todo el Estado, mientras que en 2018
se habían registrado 642 al cierre del año.
La media mensual indica que en lo que va del año, en cuanto a homicidios, es de 55, mientras que
en 2018 era de 54 y en 2017 de 44, mientras que la privación ilegal de la libertad tiene una media
de 27 contra 28 de 2018 y 34 de 2017, lo que significa, afirmó, que este delito va a la baja, al igual
que la violencia intrafamiliar, con una media de 4 mil 407 denuncias, un poco menor a las 4 mil 677
de 2018 y 6 mil861 de 2017.
Los incidentes patrimoniales registran cifras menores a 2017 y 2018, agregó, ya que por robo a
casa habitación hay un registro de 7 mil 906 hechos en lo que va del año, contra 25 mil 919 y 19
mil 731 a diciembre de 2017 y 2018, respectivamente, en tanto que en robo a negocio, dio a
conocer que van 3 mil 756 contra 1 O mil 158 y 9 mil 21 O, respectivamente.
El robo a persona registra a la fecha 3 mil 44; en 2017 fueron 9 mil 194 y 7 mil 21 en 2018, y en
robo de vehículo, a junio de 2019 van 2 mil 386 reportados contra 7 mil 646 y 6 mil 918 de los años anteriores.
Anaya Cooley también habló del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana, que tiene como objetivo contribuir a fortalecer la prevención social para incidir en sus
causas raíz, privilegiando la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, mediante
una estrategia coordinada con los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles y sociedad en
general, definida dentro del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia.
Como oportunidades mencionó: destinar el 20 por ciento del presupuesto operativo de cada una de
las secretarías del gobierno estatal que conforman el Consejo Directivo de Transversalidad, como
se aprobó en el presupuesto de egresos 2018, en acciones de prevención en colonias focalizadas
de alta incidencia delictiva.
Dijo que la Policía Estatal de Seguridad Pública es una corporación subsidiaria de la seguridad
pública, que coadyuva con los tres niveles de gobierno para salvaguardar la integridad y derechos
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Actualmente opera con 17 bases desplegadas en el territorio estatal; realizan despliegue operativo para la prevención,
inhibición y contención de la incidencia delictiva, a través de análisis de información, toma de
decisiones y focalización de acciones operativas en puntos específicos, sostuvo.
El Secretario de Seguridad Pública en el Estado indicó que para septiembre de este año esperan
contar con 900 elementos, además de reconocer que la llega de mil 800 elementos de la Guardia
Nacional a partir de este mes, mismos que se distribuirán en diversas zonas, será de gran ayuda,
aunque reconoció que el crecimiento será evolutivo.
Consideró de suma importancia integrar un estado de fuerza con los agentes del Ministerio Público
y los policías investigadores, para llevar a cabo las acciones en las cuatro zonas focalizadas que
son: Hermosillo, Nogales, Cajeme y San Luis Río Colorado, pues se trata de realizar un trabajo de
mando con una coordinación que inició desde enero con la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Marina, la Gendarmería y la Policía Federal de Seguridad Pública.
Anaya Cooley hizo un llamado a los legisladores para que se solidaricen y en el presupuesto de
egresos para el ejercicio 2020 etiqueten recursos suficientes para el ramo de la seguridad pública,
sin dejar de reconocer que en este mecanismo el eslabón más frágil es la Policía Municipal, ya que
por falta de profesionalización los datos indican que de cada 100 elementos, a 37 «les sacan la
vuelta».
En este escenario de violencia, para construir seguridad desde los municipios, es importante
trabajar en la planeación estratégica de éstos, y de nuevo en el tema de la Guardia Nacional,
admitió que no va a venir a solucionar todos los problemas, de ahí que sea importante analizar
dónde se encuentra la incidencia más alta y afinar la estrategia para disminuir la violencia en los
municipios con mayores cifras mediante el uso de un estado de fuerza que surja de esta
coordinación entre las corporaciones.
El funcionario estatal aseveró que desde la casa se debe hacer un diagnóstico específico para
saber cómo se comportan los niños y analizar causas como la deserción escolar, por lo cual es
importante respetar el derecho que tienen a la escuela permanente y su desarrollo familiar.
El C5 maneja datos de la incidencia delictiva en niñas, niños y adolescentes, y se comprometió a hacer
11 esa información al Congreso del Estado.
Antes de concluir su comparecencia ante el Pleno de la LXII Legislatura, David Anaya Cooley
reconoció que falta mucho por hacer y está seguro de que la seguridad se recuperará en el Estado
para que la gente se sienta tranquila, sin miedo, además de que están conscientes que sociedad y
gobierno pueden definir estrategias para la prevención del delito.
Participaron con preguntas al funcionario los diputados Gricelda Lorena Soto Almada, Luis
Armando Alcalá Alcaraz, Leticia Calderón Fuentes, Eduardo Urbina Lucero, Orlando Salido Rivera,
Fermín Trujillo Fuentes, María Dolores Del Río Sánchez y Luis Mario Rivera Aguilar.
No ha notificado la Corte al Gobierno estatal sobre resolución deiiSTAI asegura Secretario
El Poder Ejecutivo no ha emitido la convocatoria para nombrar nuevos comisionados en el Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISTAI,
porque no ha sido notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la resolución de
la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información
Pública, INAI, informó Miguel Ernesto Pompa Corella.
En comparecencia ante el Pleno de la LXII Legislatura, el Secretario de Gobierno aseguró que no
se trata de que el gobierno estatal utilice este argumento (la no notificación de la SCJN) para
zafarse de lanzar la convocatoria, sino que de hacerlo en este momento caerían en desacato.
Agregó tener conocimiento de que el Congreso del Estado ya fue notificado del resolutivo de la
acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI, con base a lo establecido en el párrafo
octavo, fracción quinta del Artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Pompa Corella indicó que en diciembre de 2018, cuando se venció el término de los tres
comisionados del ISTAI , el asunto estaba subyúdice porque en esos momentos se encontraba en
proceso la resolución, y negó que los actuales comisionados sean «carnales» de la administración
estatal.
«Lejos de quienes hacen ver que hay comisionados carnales, estamos ante un órgano que está
calificando la transparencia. Los comisionados entraron el12 de diciembre de 2012, no entraron en
esta administración; estamos en espera de recibir la notificación para darle curso y cumplimentar la
resolución, ya que no podemos emitir la convocatoria si no tenemos el alcance de lo que resolvió la
Corte», expresó.
El Secretario de Gobierno dijo que aunque al Poder Ejecutivo le corresponde lanzar la
convocatoria, la atribución es compartida con el Poder Legislativo, ya que a éste le toca conocer
los perfiles que envíe la titular del Ejecutivo, para su posterior selección, sin dejar de lado que la
resolución de la SCJN incluya lineamientos que tenga que acatar el Congreso del Estado.
Lo único que hay es que es parte del Artículo 2° de la Constitución local se tiene que eliminar y el
Legislativo hacer las adecuaciones pertinentes, independientemente de que la resolución del
máximo tribunal del país establezca lineamientos para ambos poderes.
Participaron con preguntas los diputados Martín Matrecitos Flores, Carlos Navarrete Aguirre, Jorge
Villaescusa Aguayo, María Magdalena Uribe Peña, Gildardo Real Ram írez, Fermín Trujillo Fuentes,
María Dolores Del Río Sánchez y Luis Mario Rivera Aguilar.