Para proteger a médicos, enfermeros y policías que se encuentran en el frente de batalla contra el COVID-19 el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano propondrá al Congreso del Estado aumentar la penalidad para quienes violenten o discriminen a este tipo de funcionarios públicos.
El legislador del Partido del Trabajo indicó que la propuesta consiste en una iniciativa de reforma al Código Penal Local para incrementar de uno a seis años de prisión y multa de 8 mil 600 a 25 mil pesos para quien cometa algún acto de violencia contra este personal; que actualmente establece penalidad de tres días a tres años de prisión y multa de 860 a 4 mil 300 pesos.
Señala que la propuesta de modificación de la penalidad se duplicará cuando al hacer violencia sea utilizada, de cualquier forma, arma de fuego, explosivo o cualquiera de las armas prohibidas previstas en el artículo 140 del mismo Código; y se triplicarán cuando los delitos se cometan contra servidores públicos pertenecientes al sistema de salud estatal o alguna corporación policial en el ejercicio de sus funciones.
Dijo que también pondrá a consideración del pleno del Congreso Local emitir un exhorto a la Secretaría del Trabajo del Estado para que verifique el cumplimiento del pago de salario íntegro al personal de hospitales, clínicas y corporaciones policiacas.
