CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Arturo Rodríguez García, identificado como abogado de Sidronio y José Ángel Casarrubias Salgado “Mochomo”, de pertenecer a los Guerreros Unidos y dedicarse al tráfico de drogas.
Rodríguez García se identificaba como abogado del “Mochomo”, líder de los Guerreros Unidos, pero la FGR ejecutó en su contra una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
Dicha orden también fue librada y ejecutada en contra del “Mochomo” cuyo arraigo venció el pasado 18 de septiembre.
La FGR señala a Rodríguez García como parte importante de los Guerreros Unidos porque realiza actividades de trasiego de droga, fungir como prestanombres para la compra y venta de propiedades y como intermediario de Sidronio al transmitir sus indicaciones para continuar con las actividades ilícitas.
Para ello, aparentaba litigar para llevar y corroborar que se realizarán las instrucciones de Sidronio.
Tanto el “Mochomo” como Rodríguez García fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”.
Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica de ambos será resuelta el próximo 24 de septiembre.
“El Mochomo” ha sido señalado por ser quien ordenó matar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, la investigación por la que la FGR ejecutó su orden de aprehensión es por hechos distintos a los ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El pasado 1 de julio, Arturo Rodríguez compareció como defensor del “Mochomo” en una causa penal por delincuencia organizada en la que una juez federal ordenó liberarlo.
Ese mismo día la FGR lo retuvo y consiguió una orden de arraigo.
Posteriormente se dio a conocer un audio de una conversación telefónica entre Francelia Salgado, madre de Sidronio y José Ángel, y un hombre con quien supuestamente pacta la entrega de sobornos al juzgado federal para liberar a José Ángel.
Por esto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una denuncia ante la probable participación de funcionarios judiciales en un soborno para beneficiar al “Mochomo”.
