Para que las acciones de gobierno y el trabajo conjunto de las corporaciones arrojen resultados positivos, es necesario contar con acceso eficiente a la justicia, con el fin de regresar la paz a las comunidades, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
En el marco de la primera reunión ordinaria de este año, de la Comisión Intersecretarial para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Sonora, el mandatario destacó el trabajo que se hace a través de la Mesa Estatal de Seguridad, donde la procuración efectiva de justicia resulta un elemento esencial para brindar seguridad a las y los sonorenses.
“Reitero mi compromiso de sumar el esfuerzo del gobierno del estado, sin regateos, para garantizar y precisar la más alta eficiencia posible de este grupo de trabajo”, indicó.
En años anteriores, añadió el gobernador Durazo Montaño, se ofrecían hasta 40 mil servicios a través del sistema de Defensoría, mientras que en la actual administración se logró incrementarlo hasta 87 mil atenciones, por lo que destacó que se reforzará esta área con tecnología y capacitación.
“Tenemos que modernizar la Defensoría de Oficio porque, sin esa modernización, particularmente tecnológica y sin una capacitación adecuada como aquí se ha establecido, va a ser imposible dinamizar los procesos”, señaló.
Crescencio Jiménez Núñez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), mencionó que es el momento del Sistema de Justicia Penal, por lo cual este grupo interinstitucional busca dar seguimiento a las acciones de todas las autoridades involucradas.
“Hoy nos encontramos en el momento de la consolidación del sistema, es decir, de lograr su perfeccionamiento mediante el seguimiento y la evaluación de sus resultados, la detección de áreas de oportunidad y la ejecución oportuna de acciones de control y mejora continua”, comentó.
Presentes: Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia; María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública; Adriel Córdova Pimentel, secretario de la Consejería Jurídica; y Ana Luisa Chávez Haro, directora general de la Defensoría Pública del Estado.
