Por considerar que las pruebas ofrecidas dentro de la denuncia en contra del Presidente Municipal, Síndica, regidoras y regidores del Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río Muerto no corresponden a las conductas establecidas en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordó no iniciar un procedimiento de juicio político.
En sesión de trabajo que encabezó el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, las y los integrantes de la dictaminadora aprobaron por unanimidad el Acuerdo que resuelve que, en apoyo a lo dispuesto por el Artículo 241 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones, se determina que la denuncia presentada y las pruebas ofrecidas no ameritan la incoación del procedimiento de juicio político.
El Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales informó que la denuncia fue presentada el pasado 22 de marzo por el ciudadano Héctor Hernández García, en contra de los ciudadanos Abel González Ambriz, presidente municipal; Judith Guadalupe González Torres, síndica municipal; Santiago Quiñónez Puente, María Teresa Argüelles Rivera, Ignacio Valenzuela Alcántar, Melina Flores Barraza y Brenda Yazmina Chávez Cristín, regidores del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto.
Agregó que las conductas atribuidas a los integrantes del Ayuntamiento referido no corresponden a las enumeradas en los artículos 234 y 235 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, por lo tanto, no amerita la incoación del procedimiento de juicio político.
Asistieron a esta sesión de trabajo las diputadas Azalia Guevara Espinoza y Rosa Elena Trujillo Llanes, así como los diputados Fermín Trujillo Fuentes, Ernesto De Lucas Hopkins y Héctor Raúl Castelo Montaño.
