Grupo Salinas anunció a través de un comunicado en su cuenta de X que continuará su defensa legal tras la resolución del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
El tribunal determinó que Grupo Elektra debe pagar una multa millonaria por omisiones fiscales correspondientes al año 2008, entre ellas el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La resolución obliga a la empresa, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, a pagar cerca de 24 mil millones de pesos, considerando las actualizaciones del adeudo fiscal.
Esta decisión se suma a las obligaciones fiscales previamente señaladas por las autoridades.
Reacción de Grupo Salinas
En su comunicado, Grupo Salinas expresó su descontento con la resolución, lamentando la “falta de diligencia y objetividad” de los magistrados.
Según la empresa, estos habrían sido presionados sistemáticamente por el gobierno federal y actuaron bajo el “temor de ser considerados corruptos”.
Asimismo, Ricardo Salinas Pliego expresó en su cuenta de X la intención de seguir con el caso, recalcando los supuestos “abusos” del SAT en su contra.
También destacó la participación del magistrado Fernando Silva, quien abogó por Grupo Elektra y mencionó que las acciones del SAT eran “abusivas e ilegales”.
Acusaciones contra el SAT
El comunicado destacó que el Magistrado Presidente del Tribunal señaló con precisión que las maniobras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son “abusivas, coercitivas, desproporcionales e ilegales”.
Este comentario refleja la postura de Grupo Salinas sobre la conducta de las autoridades fiscales.
Ante esta situación, Grupo Salinas informó que recurrirá a instancias superiores en búsqueda de una resolución que elimine los abusos de cobros dobles e ilegales.
La empresa enfatizó que, en su opinión, no existe acceso a una justicia pronta e imparcial en el caso actual.
Grupo Elektra subrayó que, a pesar de las presiones externas, las decisiones se tomarán con autonomía e independencia.
Finalmente, Grupo Salinas afirmó que seguirá utilizando todos los instrumentos legales a su alcance para defender sus causas, la reputación de sus empresas y la prosperidad de sus colaboradores.
