En 2025, México registró la mayor mejora en paz de al menos una década, con una caída de 22.7% en la tasa de Homicidios que representa casi 7,000 muertes menos respecto al año anterior, el mayor descenso anual del que se tiene registro. El avance se produjo de manera paralela a un incremento notable en las acciones de seguridad, según revela la decimotercera edición del Índice de Paz México, publicada por el Instituto para la Economía y la Paz.
Las autoridades federales, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, implementaron una estrategia de seguridad presentada en octubre de 2024 que puso énfasis en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la ampliación de la inteligencia y el mejoramiento de la capacidad investigativa. El objetivo declarado fue reducir Homicidios, secuestros y extorsiones sin regresar al enfoque militarizado de administraciones anteriores.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, consolidó un enfoque operativo que permitió al gobierno federal identificar objetivos con mayor rapidez y coordinar arrestos de manera más eficaz entre las distintas dependencias. Gran parte del aparato de seguridad pasó a centralizarse bajo su coordinación, lo que contribuyó a los resultados positivos en la reducción de violencia.
Una de las acciones más relevantes fue el lanzamiento de la Operación Frontera Norte el 5 de febrero de 2025, que respondió a las condiciones de seguridad en los estados del norte del país. La operación, enfocada en el crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de armas, reportó 111 detenciones en sus primeros dos días. Para finales de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó que la operación había derivado en la detención de 10,379 personas, además de la confiscación de miles de armas de fuego.
La población penitenciaria del país alcanzó más de 256,000 personas al cierre de diciembre de 2025, la cifra más alta registrada al final de un año, con un incremento de casi 21,000 internos respecto al periodo anterior. Los registros oficiales muestran más de 260,000 personas privadas de libertad al término de febrero de 2026, distribuidas en las 276 prisiones locales y federales del país.
En el ámbito económico, las estimaciones del Índice de Paz sugieren que el costo indirecto del encarcelamiento, medido como ingreso laboral perdido valuado al salario mínimo, asciende a aproximadamente 13,000 millones de pesos anuales. El sistema opera por encima de su capacidad con una tasa de ocupación del 115%, lo que genera presión sobre la infraestructura disponible.
México ocupa actualmente el noveno lugar mundial en población penitenciaria absoluta y el lugar 82 per cápita con aproximadamente 192 internos por cada 100,000 habitantes, cifra que supera el promedio global de alrededor de 140 por cada 100,000. El país cuenta con apenas dos jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, una séptima parte del promedio mundial, lo que contribuye a acumulaciones significativas de casos pendientes.
El Índice de Paz reconoce que la comprensión de la paz abarca no solo la ausencia de violencia, sino también la solidez de las instituciones y las normas que la sustentan. En este sentido, el documento señala que la supresión de la violencia mediante la aplicación de la ley puede generar ganancias en el corto plazo, aunque subraya la importancia de fortalecer la capacidad institucional del sistema de justicia para consolidar los avances logrados.
Con información de El Financiero.
