La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una movilización nacional en defensa de la soberanía mexicana luego de que agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos participaran en un operativo en Chihuahua sin autorización del gobierno mexicano, confirmó la titular del Ejecutivo federal.
El gobierno mexicano no autorizó ni tuvo conocimiento de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo para desmantelar un laboratorio de drogas vinculado al Cártel de Sinaloa, lo que representó una violación a la Constitución Política y a la Ley de Seguridad Nacional.
Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum envió una nota de extrañamiento a la administración del presidente Donald Trump y pidió el retiro de los agentes identificados, además de dos más que se encontraban en territorio mexicano sin autorización para labores relacionadas con la seguridad.
La tensión bilateral se intensificó días después cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra 10 políticos mexicanos por supuestos vínculos con el narcotráfico y delitos de armas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.
En diversas ocasiones, el presidente Trump ha advirtió que si las autoridades mexicanas no combaten la delincuencia, lo harán ellas mismas, discurso que refuerza la posición del gobierno mexicano de defender la soberanía nacional mediante los mecanismos legales establecidos.
Michel Levien, experto en anticorrupción y antilavado, señaló que existen dos escenarios posibles ante las amenazas de Washington. «Si Estados Unidos se mete con personas o con drones a México sin permiso, la soberanía estaría completamente fracturada y la relación se dañaría casi de manera irreparable. El otro escenario es que la presidenta utilice los mecanismos que ya existen para la colaboración con Estados Unidos y entonces obtener los mismos resultados, solamente que por las buenas», planteó.
Para Sonora y el resto del país, la defensa de la soberanía representa un tema de interés directo, pues cualquier flexibilización en los protocolos de colaboración binacional podría sentar precedentes que afecten la autonomía de las entidades federativas en materia de seguridad pública.
Con información de Expansión Política.
