La seguridad pública y la justicia penal representan dos pilares fundamentales para consolidar un auténtico Estado de Derecho en México. Los países que han alcanzado avances significativos en ambas materias conocen el valor de contar con instituciones sólidas y profesionales dedicados exclusivamente al servicio de la ciudadanía.
Durante décadas, México transitó por diversos modelos de seguridad que no lograron consolidarse de manera permanente. La reforma al Poder Judicial, aprobada recientemente, representa un ejercicio de soberanía que busca democratizar el acceso a la justicia y fortalecer las capacidades institucionales del país.
Las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra servidores y exservidores públicos mexicanos no definen la realidad institucional del país. México ha respondido con firmeza ante cualquier injerencia externa, afirmando su compromiso con la soberanía nacional y la cooperación internacional basada en el respeto mutuo.
El contexto internacional muestra que diversos países latinoamericanos han enfrentado situaciones complejas en materia de justicia. Sin embargo, México cuenta con instituciones en transformación que buscan fortalecer el Estado de Derecho de manera autónoma.
La confrontación política permanente, a costa de los intereses nacionales, representa uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país. Los aciertos y errores en materia de seguridad han existido en distintas administraciones; lo relevante es reconocer el esfuerzo cotidiano de las instituciones de seguridad y justicia, así como de los miles de hombres y mujeres que las integran.
México atraviesa un momento decisivo que exige priorizar el interés nacional sobre la disputa partidista. La seguridad pública y la justicia penal deben convertirse en políticas de Estado, con acuerdos institucionales de largo plazo que garanticen continuidad, fortalecer las capacidades civiles del Estado, preservar la independencia judicial, consolidar policías profesionales y fiscalías eficaces.
La soberanía nacional y la capacidad de autogobierno no deben ser negociables. La colaboración internacional para enfrentar desafíos comunes como la delincuencia organizada también es fundamental, pero siempre desde la fortaleza institucional y el respeto a la dignidad del país.
Con información de El Heraldo de México.
