El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) negó que los gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con permisos especiales para ingresar o permanecer en territorio estadounidense.
La aclaración fue difundida por el diario La Opinión, tras una solicitud de información realizada a la dependencia federal estadounidense. De acuerdo con la respuesta oficial, ninguno de los dos mandatarios ha sido beneficiado con algún esquema especial de ingreso.
Según la comunicación atribuida al DHS, “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido beneficiados con tal permiso”.
Origen de la controversia
La polémica surgió después de que el diario Los Angeles Times publicara que ambos gobernador eran objeto de investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos y que, presuntamente, sus visas habían sido revocadas.
El reporte señalaba además que podrían encontrarse bajo una figura migratoria denominada parole por beneficio público significativo, mecanismo que permite a ciertas personas ingresar o permanecer temporalmente en Estados Unidos sin visa cuando existe un interés gubernamental, público o de seguridad nacional.
Sin embargo, la respuesta del DHS contradice la versión sobre la existencia de dicho beneficio migratorio para ambos funcionarios mexicanos.
¿Qué es el “parole” migratorio?
El parole es una autorización discrecional utilizada por autoridades estadounidenses para permitir la entrada o permanencia temporal de extranjeros que no cuentan con una visa válida. Este mecanismo suele otorgarse en circunstancias excepcionales relacionadas con intereses gubernamentales, razones humanitarias, seguridad nacional o cooperación con autoridades federales.
No obstante, el DHS aseguró que ni Durazo ni Villarreal forman parte de este esquema.
Gobernadores y Gobierno de México rechazan versiones
Tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal han negado públicamente que sus visas hayan sido canceladas o que enfrenten investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.
Reportes periodísticos los vincularon con presuntas indagatorias relacionadas con delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustible, señalamientos que ambos gobernador han rechazado, al asegurar que su actuación se mantiene dentro del marco de la ley y con total transparencia.
El Gobierno de México ha solicitado a las autoridades estadounidenses presentar pruebas que respalden cualquier acusación contra funcionarios mexicanos.
Con información de serpientesyescaleras.mx.
