La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra dos hombres identificados como Enrique N y Enrique N, señalados por su probable responsabilidad en un presunto fraude que habría causado un daño patrimonial superior a los 2 millones de pesos a una mujer en Hermosillo.
La audiencia inicial se celebró tras la ejecución de una orden de aprehensión, donde el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados en la investigación y solicitó la vinculación a proceso de ambos imputados. No obstante, la defensa pidió la ampliación del término constitucional para que el juez determine si serán vinculados formalmente al proceso penal.
Como medida cautelar, el juez ordenó la prisión preventiva justificada, por lo que los dos acusados permanecerán privados de la libertad mientras continúan las investigaciones y el desarrollo del procedimiento judicial.
De acuerdo con las indagatorias, los hechos habrían iniciado el 6 de septiembre de 2024, cuando los imputados presuntamente convencieron a la víctima de invertir dinero bajo la promesa de obtener una ganancia mensual del 4.167 por ciento sobre el capital aportado, asegurándole que se trataba de una inversión segura.
La investigación establece que los procesados le hicieron creer a la afectada que los recursos serían destinados a empresas formalmente constituidas dedicadas al otorgamiento de créditos personales para maestros y trabajadores de gobierno, los cuales serían recuperados mediante descuentos vía nómina. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los recursos habrían sido utilizados para fines distintos y en beneficio propio.
Entre septiembre y octubre de 2024, la víctima realizó diversas transferencias que sumaron 2 millones 50 mil pesos. Según la carpeta de investigación, hasta la fecha no ha recibido los rendimientos prometidos ni la devolución del capital invertido, lo que derivó en un perjuicio económico significativo.
La FGJES señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y rechazó que este tipo de delitos patrimoniales queden impunes en la entidad.
Con información de Proyecto Puente.
