La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los hechos graves cometidos en agravio de personas menores de edad en el caso de la Guardería ABC, ocurrida en junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, no tienen fecha de prescripción, lo que garantiza la continuación del proceso penal en contra de los responsables.
En el incendio de la Guardería ABC perdieron la vida 49 niñas y niños, y decenas más resultaron lesionados. Tras los lamentables hechos, la Fiscalía General de la República inició una indagatoria en contra de dos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes fueron llevados a proceso penal por los delitos de Homicidio y Lesiones, en ambos casos culposos, en su modalidad de comisión por omisión.
La defensa de uno de los acusados promovió un juicio de amparo indirecto, argumentando que la acción penal estaba prescrita y que no era aplicable el artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Alegó que los únicos delitos contra la niñez con regla especial de prescripción son los previstos en el artículo 107 bis del Código Penal Federal, entre los cuales no se encuentran el Homicidio ni las Lesiones culposas.
La autoridad judicial federal negó la protección constitucional solicitada por la defensa. Posteriormente, la parte justiciable interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte, que confirmó el criterio de que los delitos asociados con el lamentable fallecimiento de las niñas y niños, al constituir violaciones graves a los derechos humanos, no prescriben.
El máximo tribunal del país determinó que debe privilegiarse el derecho a la verdad y la justicia, la necesidad de combatir la impunidad, así como evitar la repetición de los hechos y el olvido de las víctimas, sin que sea jurídicamente relevante la naturaleza dolosa o culposa de la acción u omisión que se reproche.
Para Sonora, esta resolución significa un paso fundamental en el acceso a la justicia para las familias afectadas por una de las tragedias más dolorosas en la historia del estado. La Suprema Corte consideró que debe atenderse a la multiplicidad de bienes jurídicos tutelados y a los derechos humanos lesionados en perjuicio de niñas y niños, así como de sus familias, quienes durante más de una década han exigido justicia.
La resolución refuerza la protección del acceso a la justicia por parte de grupos de atención prioritaria y busca que los trágicos hechos no queden impunes.
Con información de El Heraldo de México.
