El llamado Escudo de las Américas plantea una cuestión que Estados Unidos impulsa como modelo de cooperación regional: la coordinación entre países, el intercambio de inteligencia y las acciones conjuntas frente a organizaciones criminales cuya capacidad de operación rebasa las fronteras nacionales.
México no forma parte de ese esquema. Y esta decisión no es una debilidad, sino el ejercicio legítimo de la soberanía nacional que caracteriza la política exterior mexicana, particularmente bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La soberanía no es un concepto decorativo. Para México, cualquier mecanismo de cooperación en materia de seguridad debe considerar límites claros a la participación extranjera, especialmente cuando puede involucrar inteligencia, fuerzas armadas u operaciones dentro del territorio nacional. Esta postura ha sido consistente con la política de Estado que privilegia la autonomía en las decisiones de seguridad.
El crimen organizado trasciende fronteras, pero eso no significa que la respuesta deba subordinarse a esquemas diseñados desde fuera. Las organizaciones criminales operan a nivel regional e internacional, y sus cadenas financieras y de suministro cruzan jurisdicciones, pero la experiencia de México demuestra que es posible enfrentar este fenómeno con estrategias propias, respetuosas de la ley y de la soberanía territorial.
En ese sentido, la relación bilateral con Estados Unidos no se construye solamente entre presidentes, chancelarías o secretarías de Estado. También se desarrolla a través del sector privado, las organizaciones binacionales, las universidades, las cámaras empresariales y los espacios de interlocución que mantienen abiertos los canales de comunicación incluso en momentos de tensión.
Un ejemplo de ello es la American Society of Mexico, organización binacional que desde hace décadas funciona como punto de encuentro entre la comunidad estadounidense en México, empresas y distintos actores de ambos países. No es una instancia del gobierno estadounidense ni representa oficialmente a Washington, pero su actividad permite observar una dimensión menos visible de la relación bilateral.
Lo cierto es que distintos actores están ocupando espacios en una conversación que puede ser determinante para México: comercio, inversión, seguridad, migración y cooperación regional. El país tiene una larga experiencia en materia de cooperación internacional y conoce bien los costos y las tensiones que pueden surgir cuando las agendas de seguridad no coinciden.
México también tiene una responsabilidad clara frente a la violencia, la extorsión, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el control territorial que ejercen distintas organizaciones criminales. El desafío consiste en encontrar un punto de equilibrio: reconocer la dimensión regional del problema sin renunciar a la responsabilidad que corresponde a cada Estado-nación.
Si el país decide no incorporarse al Escudo de las Américas, lo hace desde su derecho soberano. Y lo importante es que México está en capacidad de explicar qué propone en su lugar, porque la soberanía no solamente consiste en decidir quién entra al país, sino en tener la capacidad de definir cómo se enfrenta un problema que ya cruzó las fronteras.
Esa es la discusión que México debe seguir construyendo: no si quiere formar parte del escudo de alguien más, sino qué papel quiere jugar en la definición de su propia estrategia de seguridad regional, siempre desde el respeto a la soberanía y a las instituciones nacionales.
Con información de Eje Central.
