El Senado de la República perfila ajustes a la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el propósito de fortalecer su contenido y técnica legislativa antes de llevar el dictamen al pleno, estimado para alrededor del 15 de octubre próximo.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora Malú Micher, informó que las comisiones involucradas en el análisis trabajan en la construcción de un nuevo proyecto que recoja las propuestas de organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos, abogadas, abogados y colectivos de la diversidad sexual, incluidos grupos trans, quienes han participado en audiencias públicas celebradas esta semana en el recinto legislativo.
Micher explicó que el objetivo no es modificar de fondo la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sino realizar ajustes para mejorar su redacción y precisión jurídica. “Es muy buena iniciativa, pero hay cosas que estamos mejorando”, señaló la legisladora de Morena, quien adelantó que algunas disposiciones podrían cambiar de ubicación dentro del ordenamiento, mientras que otras podrían incorporarse a protocolos o artículos transitorios.
Tentativa de feminicidio, bajo revisión
Uno de los principales puntos bajo revisión es la tentativa de feminicidio, ya que, de acuerdo con la senadora, no debe recibir exactamente la misma categoría jurídica que el feminicidio consumado, pero sí debe quedar contemplada expresamente dentro del nuevo marco legal. “Vale la pena reconsiderar” este tema, sostuvo Micher, al explicar que las organizaciones participantes han planteado modificaciones a distintas categorías contempladas en la iniciativa presidencial para precisar los alcances de la nueva ley y cerrar posibles vacíos normativos.
Otro aspecto que se analiza es la definición y alcance de las razones de género, elemento fundamental para determinar cuándo una muerte violenta de una mujer puede ser investigada y sancionada como feminicidio. Micher explicó que actualmente existen diversas circunstancias que permiten acreditar razones de género —como la existencia de señales de violencia previas, que el cuerpo sea abandonado en un espacio público o que la víctima haya presentado previamente una denuncia—, pero algunas de esas disposiciones aparecen de manera similar en diferentes apartados de la propuesta, por lo que las comisiones buscan reagruparlas y ordenar su contenido para evitar duplicidades y mejorar la claridad de la legislación.
Penas agravantes y diálogo con el gobierno federal
El régimen de penas agravantes contemplado en la iniciativa también generó observaciones entre los legisladores. Micher confirmó que este apartado está siendo revisado y puso como ejemplo las diferencias existentes entre las sanciones actualmente previstas en algunas entidades federativas y las planteadas en la propuesta federal. “Chiapas tiene 90, 100 años y esta propuesta es de 70”, explicó, al señalar que el Senado deberá encontrar un punto de equilibrio entre las distintas legislaciones locales y la propuesta federal para evitar retrocesos en los estados que ya contemplan penas más severas para este delito.
La legisladora aseguró que este análisis se realiza con la participación de las organizaciones civiles y con el conocimiento del gobierno federal, con el propósito de alcanzar una propuesta que tenga respaldo amplio. Adelantó que buscarán una reunión de trabajo con la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, junto con las senadoras y senadores que participan en el proceso, para revisar posibles mejoras al proyecto antes de su dictaminación formal en las comisiones unidas.
Implicaciones para entidades como Sonora
La armonización legislativa que plantea la nueva Ley General busca unificar criterios en todo el país, lo que tendrá repercusiones directas en entidades como Sonora, donde los delitos de feminicidio se investigan actualmente bajo el Código Penal estatal. Una ley general de carácter federal obligará a los congresos locales a actualizar sus tipificaciones, penas y procedimientos para alinearlos con los estándares nacionales, en línea con los compromisos asumidos por el gobierno del estado en materia de protección a las mujeres y reducción de la violencia de género.
Rumbo al pleno del Senado
El calendario legislativo contempla que, una vez concluido el borrador, el dictamen sea discutido con las senadoras y senadores que integran las comisiones involucradas: Para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera. Posteriormente, tendría que ser llevado al pleno del Senado y, de ser aprobado, enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo y, en su caso, regresar al Ejecutivo federal para su promulgación.
Micher confió en que el trabajo de las próximas semanas permita llegar a un dictamen consensuado y aprobado a más tardar hacia el 15 de octubre, aunque reconoció que todavía falta concluir la etapa de escucha y revisión de las propuestas. La senadora insistió en que existe apertura para modificar la iniciativa y que varias de las observaciones recibidas no necesariamente implicarán eliminar contenidos, sino reordenarlos, precisar categorías y trasladar algunas disposiciones a protocolos o artículos transitorios, con el fin de consolidar un marco normativo robusto y aplicable en todo el territorio nacional.
Con información de enfoquenoticias.com.mx.
