La diputada local Martha Azucena Camacho Reynoso, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de México, presentó este miércoles ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales una iniciativa para incorporar el “humanismo mexicano” como principio rector del servicio público dentro de la Constitución de la entidad. La propuesta plantea que la actuación de todas las autoridades estatales, sin distinción de poder u orden de gobierno, se oriente de manera explícita hacia la justicia social, la equidad, el bienestar común y la dignidad humana.
Durante la sesión de análisis de la propuesta, Camacho Reynoso explicó que el objetivo central del proyecto es ampliar la protección de los derechos humanos en el marco legal mexiquense, garantizar la progresividad de los derechos sociales y dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar los retos estructurales de pobreza y desigualdad que persisten en la entidad, la más poblada del país y una de las que presenta mayores contrastes económicos entre sus regiones.
La legisladora morenista sostuvo que la iniciativa responde de manera directa a la visión política de la Cuarta Transformación, que concibe al poder público como un instrumento al servicio de la población y no como un privilegio de una élite. Subrayó que el humanismo mexicano debe traducirse en políticas públicas concretas que mejoren las condiciones de vida de las comunidades, particularmente de los sectores históricamente marginados, entre ellos pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y trabajadores del campo.
En su exposición, la diputada vinculó el concepto con distintas etapas de la historia nacional, desde las gestas de Independencia y la Revolución hasta la construcción del México moderno del siglo XX. Mencionó como referentes a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, a quienes consideró precursores de un ideario que coloca a las personas en el centro de la acción pública y no al mercado ni a los grupos de poder. Añadió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio al humanismo mexicano una formulación política contemporánea y que dicho principio mantiene plena continuidad con los gobiernos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el ámbito federal, y por la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México.
La iniciativa recibió el respaldo inmediato de otros legisladores de Morena que integran la comisión dictaminadora. La diputada Paola Jiménez Hernández destacó que el principio constitucional debe traducirse en políticas que abran mayores oportunidades para quienes históricamente han tenido menos acceso al desarrollo y a los servicios públicos, mientras que el diputado Octavio Martínez Vargas consideró que la reforma puede ayudar a replantear la responsabilidad de las instituciones frente a los retos sociales, económicos y de seguridad que enfrenta la entidad mexiquense.
De acuerdo con el texto presentado, el humanismo mexicano, de ser incorporado a la Constitución estatal, funcionará como una directriz obligatoria para el ejercicio de la función pública en el Estado de México. Esto obligaría a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos y a los gobiernos municipales, a alinear su desempeño con los valores de justicia, equidad, solidaridad y dignidad humana que promueve el movimiento de la Cuarta Transformación encabezado a nivel nacional por Morena y sus aliados.
El proyecto legislativo continuará su análisis en el Congreso mexiquense, donde en próximas sesiones se discutirá su dictaminación y eventual aprobación. La ruta legislativa incluye la revisión en otras comisiones temáticas, el debate en el pleno y, en caso de ser aprobada la minuta, la consideración de los cabildos municipales de los 125 ayuntamientos, requisito constitucional indispensable para este tipo de reformas en el Estado de México.
La propuesta se inscribe en una estrategia más amplia del Movimiento Regeneración Nacional para asentar los principios rectores de la Cuarta Transformación en los marcos legales de las entidades federativas que gobierna, con el propósito de que la orientación humanista del servicio público quede establecida más allá de los periodos gubernamentales y forme parte del patrimonio constitucional de los estados, como ya se ha buscado en otras legislaturas locales del país.
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