La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este martes que la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desde Israel, no ha avanzado al ritmo que el gobierno federal quisiera. La mandataria aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene comunicación con el Poder Judicial de ese país para destrabar el proceso que permitiría su regreso a territorio mexicano.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum expuso que la complejidad del caso se explica en parte porque México carece de un acuerdo bilateral de extradición con Israel, lo que hace depender el procedimiento, en buena medida, de las decisiones de las autoridades israelíes.
«Quisiéramos avanzar más rápido y entendemos a los familiares en su dolor. Es una herida abierta para todo México, pero estos procesos requieren sus tiempos», afirmó la presidenta ante medios de comunicación, al subrayar la sensibilidad del expediente y el compromiso institucional con las víctimas y sus familias.
La mandataria reveló que al inicio de su gestión envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, para solicitar su intervención directa en el caso. Según su relato, el jefe de Estado israelí respondió que había planteado el asunto ante el Poder Judicial de su país, pero que la decisión quedaba fuera de sus atribuciones directas.
«Entonces, ahí la fiscalía es quien está con el Poder Judicial de Israel para poder seguir presionando para que regrese», explicó Sheinbaum, quien defendió la vía institucional como el mecanismo legítimo para destrabar un expediente con más de seis años en el extranjero.
Tomás Zerón se encuentra en Israel desde 2019, luego de salir de México cuando se le señaló como responsable de irregularidades en las primeras investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Zerón encabezó la AIC y fue una de las figuras clave en la construcción de la versión conocida como «verdad histórica».
Investigaciones federales posteriores documentaron anomalías en las diligencias iniciales, incluidos señalamientos de tortura contra personas detenidas en el marco de las pesquisas. Esos señalamientos motivaron que la Fiscalía integrara carpetas de investigación en contra del exfuncionario, actualmente buscado por la justicia mexicana para que responda por esos hechos.
El expediente se ha consolidado como uno de los más emblemáticos en materia de derechos humanos y procuración de justicia en el país. Organizaciones como Tlachinollan y los propios padres de los normalistas han exigido en reiteradas ocasiones la captura de Zerón como condición indispensable para avanzar en el esclarecimiento pleno de los hechos.
Desde el inicio de la presente administración federal, el caso Ayotzinapa ha sido prioridad en la agenda de derechos humanos. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial, ha sostenido reuniones periódicas con los familiares para informar sobre los avances en las distintas líneas de investigación, incluida la extradición del exfuncionario.
En el ámbito regional, el tema también ha tenido eco entre colectivos de derechos humanos del norte del país. En Sonora y otras entidades del noroeste mexicano, el recuerdo de los 43 normalistas se mantiene vigente en foros académicos, jornadas de memoria y actividades culturales que anualmente recuerdan la agresión ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
El gobierno federal reiteró su compromiso de continuar las gestiones diplomáticas y judiciales necesarias para que Zerón enfrente a la justicia mexicana. La presidenta Sheinbaum aseguró que su administración no abandonará el caso y que se agotarán todos los recursos legales disponibles para concretar el retorno del exfuncionario al país.
Con información de Proceso.
