La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rechazaron la solicitud de la Mesa Directiva del Senado para que las y los legisladores accedieran al Salón de Protocolo, un espacio reservado para diplomáticos extranjeros. La negativa, confirmada por la periodista Leticia Robles de la Rosa, cierra una controversia que se viralizó en redes sociales durante el fin de semana.
El documento que originó la polémica fue firmado el 5 de octubre de 2026 y dirigido al canciller Roberto Velasco Álvarez. Lleva el número de referencia LXVI/ST/261/2026 y fue suscrito por el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Andrés Sibaja González. En el texto se argumentó que las y los senadores requerían “facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias” mediante traslados aéreos frecuentes entre la Ciudad de México y sus entidades de origen.
La petición circuló en copia entre legisladoras y legisladores de al menos cinco bancadas representadas en el Senado. Por Morena, aparecen Verónica Noemí Camino Farjat, María Marivel Solís Barrera, Alejandra Berenice Arias Trevilla y Claudia Tello Espinosa. Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron incluidos José Carlos Ramírez Marín y Juanita Guerra Mena. Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), también aparece en el oficio, mientras que por el PAN firmaron Mauricio Vila Dosal y Gina Gerardina Campuzano, y por el PRI Claudia Anaya Mota y Néstor Camarillo Medina. La diversidad partidista evidencia que la solicitud no corresponde a un capricho de un solo grupo, sino a un acuerdo de la Mesa Directiva como órgano colegiado.
Fue precisamente la senadora priista Claudia Anaya quien divulgó el documento en sus redes sociales, cuestionando el contenido. Anaya añadió que, aunque ella forma parte de la Mesa Directiva, no solicitó el beneficio y deslindó su participación en el acuerdo, lo que abrió un debate sobre la responsabilidad colegiada en este tipo de decisiones internas del órgano legislativo.
El tema se vincula con la inconformidad pública expresada días antes por la senadora de Morena Martha Lucía Mícher respecto a las nuevas políticas de Aeroméxico para acceder a sus salas Premier. Mícher aclaró después, en un foro en el Senado, que su molestia no fue por la restricción en sí misma, sino por una escena concreta que presenció: una mujer con linfedema subiendo y bajando escaleras sin apoyo del personal de la aerolínea, sin un elevador disponible para su condición. “Me conmoví muchísimo… me enojé tanto de lo que estaba pasando, que abrí la boca. Y así me fue”, declaró la legisladora, quien agregó que la línea aérea no había avisado con oportunidad a sus clientes frecuentes sobre el cambio de reglas y que el nuevo esquema dejó sin atención adecuada a pasajeros con condiciones especiales.
Aeroméxico había anunciado desde agosto la cancelación del acceso a sus Salones Premier para pasajeros de vuelos nacionales, incluso para quienes habían adquirido boletos de Clase Premier. La medida aplicaba para acceder a esos espacios únicamente en vuelos internacionales o con tarjeta American Express. Se trató, según la propia empresa, de una adecuación operativa y comercial ya informada con casi dos meses de anticipación.
La determinación de la Cancillería y del AICM de negar la solicitud del Senado marca un precedente institucional que será observado por futuras legislaturas. El Salón de Protocolo del aeropuerto capitalino se utiliza para recepciones oficiales de Estado, atención a delegaciones extranjeras y actos diplomáticos solemnes, por lo que su uso por parte de legisladores nacionales quedaba fuera del marco regulatorio y de los usos diplomáticos reconocidos. La respuesta negativa de las autoridades federales es leída como un acuse de recibo a las voces ciudadanas que en redes sociales cuestionaron la pertinencia del oficio.
Para Sonora, donde la Cuarta Transformación mantiene presencia sólida a través del gobernador Alfonso Durazo y de la representación del Partido del Trabajo, el episodio se inscribe en un debate nacional sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y las prácticas parlamentarias. La negativa institucional refuerza la expectativa de que las y los representantes populares ejerzan sus funciones sin solicitar prerrogativas ajenas a su cargo, y demuestra que los contrapesos institucionales siguen funcionando cuando la ciudadanía los activa.
Con información de Infobae.
