La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) vinculó a proceso en Hermosillo a tres creadores de contenido, identificados como Azlán “El Azlán”, de 20 años; Julián “El Pelón Bajavión”, de 29; y Eduardo Antonio “El Doble Carne”, de 22, por su probable responsabilidad en la promoción pública de marihuana y productos derivados del cannabis. La determinación fue tomada por un juez de control después de la audiencia inicial. En términos procesales, la vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria: permite el desarrollo del juicio, con intervención del Ministerio Público y de la defensa, pero mantiene el carácter de presunción de responsabilidad. El caso se originó en la revisión de material audiovisual compartido en redes sociales.
La investigación y el alcance de la promoción digital
Según el informe de la Fiscalía, la investigación se centró en la expresión de aprobación y promoción de sustancias derivadas del cannabis. En una grabación difundida públicamente en Facebook el 29 de agosto, los señalados realizaron expresiones de aprobación relacionadas con el consumo de marihuana, mientras mostraban y compartían productos identificados con una marca no precisada en el informe. Entre ellos se encontraron cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos preparados con marihuana. La Fiscalía sostuvo que las expresiones, la exhibición de los productos y su entrega ante las cámaras constituyeron actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos, mediante contenido con potencial de alcanzar a un número indeterminado de personas a través de plataformas digitales.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso. Después de escuchar los argumentos de las partes, el juez de control resolvió vincular a proceso a los tres implicados. La determinación abre la etapa judicial en la que el Ministerio Público aportará elementos para sostener la acusación y la defensa podrá ejercer los descargos correspondientes. El expediente continúa en una fase previa al fallo y, por tanto, no establece una responsabilidad penal definitiva. Por lo tanto la investigación se sustenta en el contenido disponible en redes sociales y en las expresiones y actuaciones observadas durante la grabación investigada.
Como medidas cautelares, la autoridad judicial determinó la presentación semanal de los implicados ante el juez, la exhibición de una garantía económica individual, la prohibición de salir del estado sin autorización y la suspensión temporal de actividades encaminadas a promocionar la marca. El informe no detalla el monto de la garantía ni la duración de las restricciones. Estas medidas buscan asegurar la continuidad del procedimiento y la disponibilidad de los implicados, al tiempo que se suspenden las actividades de promoción que motivaron la investigación. Su cumplimiento será supervisado por la autoridad judicial durante las etapas posteriores del proceso.
De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la causa forma parte del trabajo institucional relacionado con la promoción pública de conductas presuntamente delictivas mediante plataformas digitales. La institución afirma que dará continuidad a las investigaciones y que el objetivo es proteger el desarrollo y la dignidad de las personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, además de garantizar que las responsabilidades penales se determinen conforme a derecho. Para el Gobierno de Sonora, este enfoque vincula la aplicación de la ley con la prevención de daños derivados de la difusión de mensajes que promueven el consumo de sustancias en espacios digitales de alcance amplio.
Para Hermosillo y el resto de Sonora, el caso destaca por la capacidad de las redes sociales para ampliar el alcance de una conducta más allá de su ubicación física. La investigación ministerial reconoció que el contenido podía llegar a un número indeterminado de personas, por lo que la presencia de la marca y la promoción de sus productos no quedaron limitadas al entorno donde se grabó el material. Esta característica convierte la revisión de las publicaciones en una línea relevante de prevención y aplicación de la ley. La labor de la Fiscalía se concentra, en este expediente, en preservar las evidencias, continuar las investigaciones relacionadas con la promoción digital y proteger especialmente a los menores que puedan quedar expuestos a esos mensajes.
El expediente deja tres hechos establecidos: la vinculación formal de los tres implicados, la aplicación de las medidas cautelares ordenadas por el juez y la continuidad de las investigaciones sobre promoción en plataformas digitales. No existe, hasta esta etapa, una sentencia que determine una responsabilidad penal definitiva. La evolución de la causa dependerá de las actuaciones procesales posteriores y de la evaluación de las pruebas aportadas por las partes. En el ámbito regional, el seguimiento permitirá evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y orientar nuevas acciones de prevención institucional, en línea con el objetivo comunicado por la Fiscalía de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la exposición a contenido que promocione sustancias.
Con información de El Universal.
