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En una entrevista reciente, el exfutbolista sonorense Antonio Carlos Santos anunció que trabaja para llevar ante la presidenta Claudia Sheinbaum un reclamo por servicios de seguridad que, según afirma, realizó para Petróleos Mexicanos y que no le fueron pagados. Santos compareció en el programa El Jefe y El Máster, conducido por Alejandro Gómez e Iván Pirrón, y contó que acudió con varias carpetas a Atención Ciudadana para solicitar un espacio en la conferencia matutina. Aclaró que no pretende atribuir responsabilidad directamente a la presidenta, sino explicar por qué, a su juicio, el asunto no ha avanzado por las vías administrativas y legales.
El reclamo se apoya en oficios, entregables, documentos corporativos y una propuesta técnica que, según Santos, respaldan su intervención. El exfutbolista sostiene que Pemex no reconoce una relación contractual directa con él, por lo que el pago por los servicios habría quedado en manos de una empresa intermediaria. Se negó a revelar la cifra que exige por razones de seguridad, aunque la describió como suficiente para asegurar el futuro de varias generaciones de su familia. De acuerdo con su versión, ya promovió acciones legales y administrativas, aunque no ha obtenido una respuesta que considere favorable.
Después de su visita a Atención Ciudadana, Santos afirmó que fue llamado por distintos políticos y representantes de Pemex, a quienes mostró los papeles que dice acreditan su participación. Hasta la publicación de la entrevista, no dio a conocer una fecha concreta para su intervención en la conferencia matutina ni una respuesta directa de Sheinbaum. También decidió no hacer públicos los detalles del reclamo, en consideración al respeto que profesa hacia la presidenta y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa decisión deja pendiente la verificación de los documentos que ofrece y de la ruta contractual que dice haber seguido.
La conversación sobre negocios petroleros nació cuando se mencionó a Giovani dos Santos, identificado como socio de Procura de México, firma ligada a un contrato aproximado de 13,7 millones de dólares con Pemex para el suministro de productos químicos. Santos tomó ese antecedente como marco para explicar su propia experiencia empresarial. La información publicada presenta el acuerdo de Procura como un contexto aparte y no como prueba de un vínculo con el asunto de Nexus Drilling. No obstante, la mención abrió el espacio para que el exfutbolista relatara la cadena de contratación que, según él, retrasó o impidió su pago.
El punto central de la controversia, según el reclamante, es la forma en que se formalizaron los servicios. Pemex sostiene, por conducto de Santos, que no tiene una obligación directa con él porque no existe un contrato firmado personalmente. Como intermediaria, identificó a Nexus Drilling, empresa que, según su versión, recibió los pagos relacionados con el trabajo. Santos afirma que esa firma cobró los recursos, pero que el dinero no llegó a él. La respuesta institucional opuesta a esa interpretación se conoce por ahora únicamente a través de la narración del exfutbolista; tampoco se detallaron el número de contrato, los expedientes de las demandas ni las fechas de las labores.
El mexicano describe los trabajos como servicios relevantes para la seguridad de plataformas e instalaciones petroleras, no como una tarea menor, y sostiene que un error en esas operaciones podría tener consecuencias graves. Añade que él entregó el trabajo mientras una persona con contrato sí recibió pago, por lo que considera que existe una posible irregularidad en la cadena de contratación. Esta es la versión del reclamante: la información disponible no ofrece una resolución contractual, un dictamen financiero ni una confirmación independiente que permita establecer el monto o la responsabilidad de la intermediaria.
El origen hermosillense de Santos conecta el caso con la realidad regional: una figura conocida de Hermosillo aparece en un debate nacional sobre cómo se contratan, ejecutan y pagan servicios vinculados a la energía. Aunque la información no sitúa en Sonora los trabajos ni las empresas involucradas, la experiencia destaca la importancia de transparentar los procesos de contratación pública y los pagos a proveedores. Para el Gobierno federal y Pemex, el caso abre la posibilidad de resolver el asunto mediante la revisión de contratos, oficios y movimientos de pago, y de ofrecer una respuesta verificable al prestador. Para los proveedores y trabajadores que atienden este tipo de encargos, la claridad sobre responsabilidades y mecanismos de cobro resulta indispensable. El expediente permanece, por ahora, en las declaraciones de Santos y en la respuesta de Pemex que él atribuye a la empresa. El desenlace dependerá de si la documentación permite establecer una relación contractual, el destino de los recursos y la aplicación de los mecanismos institucionales correspondientes.
Con información de Infobae.
