Transportistas pactan plan federal para reforzar carreteras

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Representantes de grupos transportistas y dependencias del Gobierno federal pactaron el miércoles 18 de noviembre un plan de trabajo nacional para reforzar la seguridad en carreteras, mejorar la infraestructura vial y agilizar la operación del autotransporte. El acuerdo fue suscrito por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) junto con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram). El alcance comprende a las organizaciones representadas y no a la totalidad del gremio nacional.

Los compromisos se construyeron a partir de mesas de diálogo con las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Gobernación (Segob) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). En materia de seguridad, las partes establecieron reuniones periódicas con la SSPC, la Guardia Nacional y la FGR para combatir el robo y la extorsión mediante labores de inteligencia y un canal directo de denuncia.

En el frente judicial y operativo, la FGR homologará los criterios para presentar denuncias, agilizar la liberación de unidades y atender casos documentados de abusos en las vías federales. Este mecanismo busca ofrecer a los operadores un procedimiento más claro para reportar incidentes, dar seguimiento a vehículos detenidos o recuperados y solicitar atención ante posibles incidentes en rutas. La liberación de las unidades y la revisión de los casos requirieron coordinación institucional entre las autoridades y los participantes, por lo que su aplicación será clave para los transportistas que realizan trayectos de larga distancia.

El plan también contempla una revisión de la infraestructura vial. El sector industrial entregará un diagnóstico de tramos deteriorados y puntos críticos. Además, se compromete a reportar a la SICT los baches que, después de 72 horas, no hayan sido reparados, para que la dependencia evalúe una intervención inmediata. La medida resulta especialmente relevante en Sonora, donde el transporte de carga utiliza corredores que conectan Hermosillo con zonas costeras, fronterizas y centros agrícolas del estado.

En el ámbito regulatorio y laboral, el acuerdo prevé mesas técnicas para abordar la sobrerregulación estatal y municipal, así como para analizar el registro de la jornada laboral de los transportistas junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Los trabajos buscan reducir requisitos inconsistentes entre entidades y municipios, especialmente para quienes cruzan varias jurisdicciones. La revisión de los registros laborales también permitirá evaluar medidas que favorezcan condiciones de operación seguras y el cumplimiento de los descansos previstos en la normatividad.

Las autoridades y los representantes empresariales mantendrán reuniones mensuales de seguimiento. La próxima sesión se realizará el 27 de noviembre, con apoyo de los delegados estatales de Gobernación en distintas regiones del país. La coordinación con los estados será importante para la aplicación del plan, pues las carreteras federales atraviesan territorios con condiciones y riesgos diferentes. En Sonora, los canales institucionales podrán recibir reportes locales y dar seguimiento a solicitudes relacionadas con vigilancia, mantenimiento y respuesta ante incidentes.

El acuerdo responde a los reportes persistentes del sector de carga sobre robos violentos, extorsiones y asaltos en autopistas federales, particularmente en corredores estratégicos del centro y del occidente del país. En los últimos meses, distintas agrupaciones han realizado paros nacionales, bloqueos y movilizaciones en accesos a la capital y autopistas para solicitar mayor vigilancia, garantías de seguridad y acciones contra abusos policiales y cobros irregulares. Para Hermosillo y el resto de Sonora, la evaluación del plan deberá centrarse en la publicación de rutas prioritarias, avances concretos del diagnóstico vial y resultados verificables de los canales de denuncia. Aunque el convenio no anuncia inversión específica ni un calendario de obras, su implementación ofrece una vía de coordinación entre el Gobierno federal, las empresas transportistas y las autoridades estatales.

Con información de El Informador.

Redacción México Sabe
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