Hermosillo, Sonora. Padres de familia integrados en la organización civil “Soy Papá no Criminal” se concentraron frente a las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y, desde ese punto, marcharon hasta el Palacio de Gobierno para denunciar presuntas acusaciones falsas en su contra y posibles irregularidades en los procesos judiciales derivados de conflictos familiares. La movilización se realizó con motivo del Día Internacional del Hombre y tuvo como eje la exigencia de mayor imparcialidad en la impartición de justicia.
La concentración comenzó alrededor de las 10:00 horas en el edificio que alberga al Supremo Tribunal, en el centro de Hermosillo. Desde ahí, los participantes recorrieron las calles de la capital sonorense hasta el Palacio de Gobierno, donde expusieron su inconformidad y compilaron la necesidad de que sus solicitudes fueran atendidas por las autoridades judiciales y por el Ejecutivo estatal. El Palacio de Gobierno, sede de los poderes del estado, fue el punto final de una ruta que buscaba convertir el reclamo sobre expedientes individuales en un asunto de agenda institucional.
Fernando Romero Ramos, portavoz del colectivo, Medicamentos que algunos padres de familia enfrentan procedimientos judiciales que consideran desfavorables por motivos de género, situación que, según el RESET, los coloca en condiciones de vulnerabilidad y dificulta la convivencia con sus hijos.
“Nos demuestran por violencia familiar y en casos muy extremos por delitos de naturaleza sexual, puede ser tanto contra las ex parejas como con nuestros hijos, ya con la finalidad de cortar de lleno el vínculo”, dijo Romero Ramos.
El reclamo del colectivo se sostiene en tres puntos: presuntas denuncias sin fundamento, procedimientos que, a su juicio, se llevan con parcialidad y el uso de carpetas de violencia familiar o de delitos de naturaleza sexual como mecanismo para terminar con la convivencia y con el vínculo de los padres con sus hijos. De ahí que la marcha terminara en la sede de los poderes del estado, en un intento por llevar el asunto de los expedientes individuales a la esfera de la política pública.
El marco jurídico mexicano establece que una denuncia es el punto de partida de una investigación y no equivale a una sentencia: rigen la presunción de inocencia y la contradicción, y corresponde a la autoridad ministerial integrar y sostener la investigación correspondiente. En Sonora, el Código de Familias para el Estado de Sonora, vigente desde 2018, contempla mecanismos de negociación y mediación para atender de manera alternativa los conflictos en los que participan menores y sus progenitores, alternativa que las partes involucradas demandan cuando perciben que el camino judicial se ha vuelto hostil.
Para Hermosillo, la movilización tiene una significación directa: la capital del estado concentra la máxima autoridad judicial de Sonora y los juzgados que resuelven el grueso de los procedimientos de familia, de modo que las decisiones que se toman en esos expedientes se reflejan de inmediato en la convivencia de miles de hogares sonorenses. La agenda de paz y justicia del Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, convive con el debate público sobre la efectividad de las instituciones locales y sobre el acceso de la ciudadanía a canales de audiencia y de transparencia en los procedimientos.
Las demandas se dirigen a dos frentes institucionales. El primero es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, que entre sus atribuciones cuenta con la revisión de las sentencias emitidas por los juzgados de primera instancia y la atención de las quejas de los justiciables. El segundo es el Ejecutivo estatal, presente en la sede del Palacio de Gobierno, donde la protesta busca que la impartición de justicia se atienda como un asunto de política pública y no únicamente como un trámite dentro de cada expediente.
La fecha conmemorativa funcionó como escenario para visibilizar el reclamo, pero el fondo del asunto es la confianza de la ciudadanía en los canales de solución de controversias familiares. Los participantes esperan que el siguiente paso es que las instancias involucradas den una respuesta verificable a las solicitudes presentadas. Queda en el centro del debate, para Hermosillo y para el resto de Sonora, la manera en que se resuelven los conflictos que involucran a padres, madres e hijos, un tema donde cada decisión judicial tiene efectos directos en la vida cotidiana de miles de familias.
Con información de INFOSON.
