Por decisión unánime el Congreso del Estado aprobó en sesión ordinaria la creación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y reformas al Código Penal y Ley de Salud del Estado, para proteger a las familias y al personal de la salud que está al frente por la pandemia por COVID-19.
El dictamen de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) fue presentado por el diputado Fermín Trujillo Fuentes, quien detalló que los trabajadores de la salud que presten sus servicios durante la emergencia sanitaria deberán recibir un bono extraordinario mínimo del cinco por ciento de su salario, contar con albergues disponibles de alojamiento para aislarse de sus familias y dotación completa y suficiente de equipo de protección.
También recibirán un bono extraordinario para apoyo de alimentos o vales despensas, de cuando menos un cinco por ciento de su salario, garantía de servicio médico integral en caso de que enfermen en cumplimiento de su deber; e indemnización de cuando menos cinco mil días de salario en caso de muerte o incapacidad total.
“Al que cometa un delito en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionistas similares y auxiliares o cualquiera que se desenvuelva como personal de salud del sector público o privado que presten sus servicios en el Estado, durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia o contingencia sanitaria, se le aplicarán de uno a cuatro años de prisión, multa de 150 a 400 Unidades de Medida y Actualización y de 100 a 250 días de trabajo comunitario, además de la pena que le corresponda por el delito cometido”, precisó.
En los artículos transitorios se establece que los planes, programas y lineamientos a los que se refiere esta Ley deberán ser publicados por la autoridad responsable a más tardar el 31 de diciembre de 2020 para que entre en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.
