¿Por qué ha generado polémica en México la designación de un militar como comandante de la Guardia Nacional?

Hablemos de este tema que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, puso sobre la mesa de debate hace unos días. Se trata de una iniciativa, propuesta por los los diputados de Morena, mediante la que se busca la reforma de 13 artículos constitucionales para poder establecer a la Guardia Nacional como una institución de seguridad de orden castrense, conformada por una Policía Militar, Naval y Federal.

La polémica en torno a esta iniciativa reside en que, de aprobarse, estaría dando continuidad a la permanencia de la milicia en las calles —cosa que hasta hace un tiempo el mismo López Obrador criticaba del mandato del expresidente Felipe Calderón—. Y además le daría a esta figura ciertos poderes que nunca había tenido.

El proyecto de la Guardia Nacional permitiría, entre otras cosas, que soldados y marinos por igual pudieran intervenir en tareas de seguridad pública, así como realizar detenciones que inicialmente tendrían que pasar primero por un Ministerio Público. Eso, aseguran muchos, los convertiría en sus auxiliares.

La iniciativa también plantea la desaparición gradual de la Policía Federal, así como el ejercicio de las facultades de los soldados en temas de cualquier situación en tiempos de paz, incluso, aunque no estuviera en riesgo la seguridad nacional.

López Obrador ha justificado su propuesta diciendo que las policías ministeriales y municipales son corruptas y hasta “echadas a perder”, y que por eso se necesita centralizar la seguridad del país bajo el cargo de una institución confiable. En una entrevista radiofónica que dio al noticiero de la periodista Carmen Aristegui, dijo: “Vamos a integrar las fuerzas. Es tanto el desorden que cada quien actúa por su cuenta. Haremos la Guardia Nacional y le daremos un giro a esta institución para la defensa de los Derechos Humanos, así como el uso adecuado y regulado de la fuerza.”

Pero no todos están de acuerdo en lo que él sostiene. Catalina Pérez Correa, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como miembro del colectivo Seguridad sin Guerra, y considera que esta ruta de seguridad militarizada es riesgosa.

“Creo que son varios los peligros. Uno de ellos es que no tendremos una seguridad sustentable porque, en vez de que esta provenga de las comunidades, el gobierno federal intervendrá y luego se retirará. Además, está demostrado que los despliegues militares siempre han generado violencia. Lo que ha hecho hasta ahora no ha sido disminuirla, sino todo lo contrario. Y el hecho de que los militares sean juzgados por civiles tampoco asegura que haya justicia. Eso también es algo que ha ocurrido una y otra vez.”

La experta en temas de seguridad dice que coincide en el dicho de que la situación de las policías locales es crítica, pero no en la solución que propone el gobierno a punto entrar en funciones.

“Me parece que la propuesta de la Guardia Nacional es una vía fácil para no corregir un problema de fondo. El hecho de corregir lo que pasa con las policías locales implicaría darle poder a los gobiernos municipales, y tal parece que López Obrador no quiere eso”, afirma.

Para que la iniciativa de la Guardia Nacional surtiera efecto necesitaría la aprobación de dos terceras partes del Congreso Federal y de al menos 17 congresos estatales. Y mientras muchas voces siguen discutiendo sus pros y contras, y ven con preocupación un escenario en el que las fuerzas políticas se alinearan para darle paso libre, sus promotores originales aseguran que “no busca militarización, sino paz.”