Nada debilita más al estado de derecho y las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al pronunciarse sobre el memorando firmado el martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que dispone dejar sin efecto la reforma constitucional en materia educativa aprobada el sexenio pasado.

El organismo consideró que la decisión del Ejecutivo federal pone en riesgo la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la educación y sostiene que es facultad del Poder Legislativo reformar el marco normativo vigente, por lo que llamó al mandatario a retirar el memorando. La ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos no puede ser botín o moneda de cambio ante intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole.

Ayer, la CNDH dio a conocer su posición acerca del documento de López Obrador. En el pronunciamiento de seis puntos, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez señaló que las dependencias federales que acaten la indicación del Presidente sobre la reforma educativa actuarían al margen o fuera de las normas y propiciarían actuaciones discrecionales.

La instrucción de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución y las normas, modifica y acota los términos y condiciones en que el derecho a la educación puede ser vigente, generando el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales.

Agregó que los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política.

Si el marco normativo vigente en materia educativa no resultara adecuado, corresponde al poder revisor de la Constitución o en su caso al Poder Legislativo realizar las adecuaciones conducentes, asumiendo como premisa básica de actuación la vigencia efectiva de tal derecho y la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, sentenció la CNDH.

Además, indicó, existen instancias encargadas de la administración e impartición de justicia, a las cuales corresponderá decidir, en definitiva, sobre la legalidad y justicia de normas, hechos y casos que se pongan a su conocimiento.

La CNDH resaltó que la educación es un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución y por diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual es una obligación del Estado mexicano hacerlo efectivo y garantizar el acceso a una instrucción de calidad sostenible.

Con independencia de coyunturas políticas o diferendos ideológicos, es preciso que el Estado cumpla con su obligación y proteja efectivamente este derecho, dando certidumbre sobre los términos y condiciones en que el mismo se hará vigente y podrá ser exigible, máxime que son las niñas, niños y adolescentes los principales beneficiarios del mismo, por lo que cualquier acción que se emprenda en este ámbito también debe tomar como premisa de ponderación la defensa del interés superior que les asiste.