Bajo la premisa de representar a todas las personas por igual, el Congreso de Sonora aprobó emitir convocatoria dirigida a personas con discapacidad, residentes en la entidad, con el objeto de llevar a cabo el Primer Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
Esta iniciativa surgió a raíz de la propuesta que hicieron el pasado 5 de abril la diputada Beatriz Cota Ponce (Nueva Alianza) y el diputado Ricardo Lugo Moreno (Morena), con el propósito de establecer en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el fin de crear un espacio de interacción entre este grupo social y el Congreso local.
La idea es conocer sus necesidades, preocupaciones y, a partir de ahí, construir una agenda legislativa a través de la cual se apoye a este sector, reconocido como “la minoría más amplia del mundo” que, desafortunadamente, en algunas ocasiones es ignorada, expresó la diputada Sagrario Montaño Palomares (PAN), a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad.
Agregó que el Congreso local es un espacio abierto y de inclusión para todas y todos los sonorenses, por lo cual se les dará voz a 33 personas con discapacidad en una sesión del pleno, el próximo mes de diciembre, en la que se espera que presenten sus necesidades, propuestas, proyectos, anhelos y, a partir de ahí, construir una agenda legislativa que promueva la igualdad de oportunidades.
La convocatoria se encuentra disponible en la página web del Congreso de Sonora: www.congresoson.gob.mx
En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el decreto para reformar y adicionar la Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral (CCL) estatal, en relación a los requisitos para encabezar la dirección del centro y la integración de su junta directiva, dio a conocer el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza (PT), a nombre de la Comisión de Asuntos del Trabajo.
La modificación de los requisitos, explicó el legislador, tiene como finalidad subsanar vicios legales que se observan en dicho precepto, derivados de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
