Las autoridades en Baja California Sur informaron que han ampliado el acceso gratuito y seguro a la interrupción legal del embarazo (ILE) en centros de salud de tres municipios de este Estado.
El responsable del Programa de Violencia de Género y Aborto Seguro, Eduardo Bastidas Buelna, ratificó la expansión del servicio a catorce centros de salud en La Paz, Los Cabos y Comondú, Baja California Sur. Estos se suman a los hospitales estatales que ya brindan esta atención desde hace más de un año.
Bastidas Buelna manifestó que, en estos centros, las intervenciones se realizan bajo un esquema farmacológico para aquellas pacientes que se encuentran en las primeras doce semanas de gestación, conforme a lo establecido en la reforma aprobada en el Congreso local en 2022 a la Ley estatal de Salud.
En cuanto a otros métodos de interrupción, estos continúan llevándose a cabo en unidades hospitalarias.
Reciben capacitación para atender mujeres
El personal que atiende estas unidades de salud y a las mujeres que solicitan el servicio, aseguró el funcionario, recibieron una capacitación durante el año pasado; y también se abastecieron ya estos centro con los medicamentos que generalmente son empleados para iniciar el procedimiento.
Bastidas Buelna recordó que únicamente se les pide a las usuarias que acudan que ya cuenten con un ultrasonido, para seguridad de ellas mismas.
Además, remarcó que el método a seguir lo determina el personal médico que brinda la atención a la usuaria que llegue a cualquiera de estos centros, y en consenso con ella, considerando sus condiciones médicas, factores de riesgo y la edad gestacional.
Añadió que a las usuarias se les solicita presentar una identificación oficial en original y copia, comprobante de domicilio y llenar una solicitud con firma de consentimiento informado.
Interrupción legal desde 2022
En junio de 2022 fue armonizada la legislación local para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las doce semanas de gestación. Desde entonces, colectivos feministas han remarcado la necesidad de que las autoridades concreten acciones para que la ley se cumpla y se facilite el acceso.
Uno de los reclamos persistentes de colectivos es la capacitación insuficiente al personal, derivado de que se han identificado prácticas intimidatorias.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha enfatizado también la necesidad de que la Ssa en BCS facilite el acceso de la ILE en el caso de adolescentes que lo soliciten.
