Este lunes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió un fallo a favor del Gobierno federal, permitiendo la retirada del alambre de púas instalado por las autoridades de Texas en un tramo de la frontera con México con el objetivo de frenar el flujo de migrantes.
Con una votación de cinco a favor y cuatro en contra, el tribunal respaldó la posición de la Administración de Joe Biden, que argumentó que la barrera obstaculizaba la labor de los agentes de la Patrulla Fronteriza al restringir su acceso al área y dificultar el cumplimiento de sus funciones.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, había ordenado la instalación del alambre de espinas en un tramo de la frontera en Eagle Pass como parte de su estrategia para reducir el cruce de migrantes en situación irregular.
Luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza cortaran parte del alambre, el Gobierno de Texas presentó una demanda contra la Administración federal, argumentando que se habían ocasionado daños en una propiedad estatal.
Un juez federal dio primero la razón a la Administración de Biden, sin embargo, después el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito se puso del lado de Texas, estableciendo que los agentes federales solo podían mover la barrera en caso de una emergencia médica.
El Tribunal Supremo revocó este lunes la decisión de la corte de apelaciones, con una mayoría muy ajustada.
Votaron a favor de la Administración de Biden los jueces progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson; y los conservadores John Roberts y Amy Barrett.
Los magistrados conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se situaron del lado de Texas.
Conflictos y desafíos entre Texas y la Administración Federal
El gobernador texano ha emprendido una batalla política, mediática y judicial contra Biden por la gestión migratoria en la frontera.
Además de la colocación del alambre de púas, Abbott ha enviado decenas de buses con migrantes a Washington y a varias otras ciudades gobernadas por demócratas.
También instaló una polémica barrera de boyas en un tramo del río Bravo que separa la frontera entre Texas y México, e impulsó una ley para criminalizar a los migrantes que cruzan de forma irregular la frontera, ambas medidas muy criticadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
