En casi cuatro años, 363 personas han sido sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; el mayor número de registros y sanciones aplicadas ha sido a nivel municipal, según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los datos indican que de los sancionados del 7 de septiembre al 4 de julio de este año, 289 han sido hombres y 74 mujeres.
Oaxaca es la entidad con el mayor número de personas registradas, con 142 casos; sin embargo, también establece que, del total de sanciones en las diferentes entidades, 78 han sido aplicadas a presidentes o presidentas municipales; 58 a regidores o regidoras y 14 a síndicos o síndicas.
Es decir, en el ámbito municipal es donde se acumula el mayor número con el 75.72 por ciento de los casos; en el estatal se agrupa el 13.94 por ciento ; y en el nacional, el 10.34 por ciento del total.
Esta cifra se eleva si se consideran los casos de registro sin sanción, los cuales suman 416, en los que los tribunales estatales han aplicado sanciones firmes en 294 casos; los Organismos Públicos Locales, en 61, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 44 asuntos.
En cuanto a la distribución de la calificación de la conducta en los 416 registros, el reporte indica que en 143 casos fue clasificada como “leve”, correspondiente al 34.38 por ciento; en 130 asuntos fue catalogada como “grave ordinaria”, el 31.25 por ciento; en otros 47 juicios fue determinada como “ordinaria”, el 11.30 por ciento, y en otros 33 fue especificada como “grave”, equivalente al 7.93 por ciento, entre otras.
Una falta “leve” implica a la persona sancionada permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) durante tres años; cuando es “ordinaria”, cuatro años; en falta “especial”, cinco años, y en reincidencia, hasta seis años.
El INE señaló que adicionalmente a la inscripción en el RNPS, la autoridad puede imponer sanciones económicas, correcciones disciplinarias o medidas de prevención.
Es así que, en 208 casos, el 50 por ciento, no hubo multa, pero en 133 asuntos se impuso penalidad monetaria y, en 66 más, el 15.87 por ciento, una amonestación pública.
La Jornada
