Una coalición de senadores estadounidenses presentó el 14 de mayo de 2026 una iniciativa legislativa que contempla la participación del Departamento de Defensa en el monitoreo del robo de combustibles en México. La propuesta, denominada Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, tiene como objetivo desarticular los mecanismos de financiamiento del crimen organizado trasnacional.
La iniciativa, impulsada por el republicano John Cornyn, de Texas, y la demócrata Jacky Rosen, de Nevada, busca que el Pentágono elabore informes periódicos sobre la evolución del hurto de hidrocarburos y su incidencia en la seguridad de la frontera compartida. El documento establece que el análisis debe incluir estrategias para fortalecer la cooperación con agencias civiles y optimizar el intercambio de información entre ambas naciones.
Según los legisladores estadounidenses, el comercio ilegal de combustible se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos de los cárteles para actividades ajenas al narcotráfico. Cornyn señaló que las organizaciones criminales en México han desarrollado métodos cada vez más sofisticados para sustraer o contrabandear productos derivados del petróleo, comercializarlos en el mercado negro y emplear las ganancias para financiar el narcotráfico y la trata de personas.
Por su parte, Rosen destacó la dimensión del problema al indicar que el robo de hidrocarburo representa la fuente de ingresos no vinculada a drogas más relevante para los grupos delictivos, lo que les permite mantener operaciones ilegales en ambos lados de la frontera.
La propuesta hace referencia a las sanciones emitidas en mayo de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra estructuras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, las cuales operaban redes de contrabando transfronterizo. Los antecedentes inmediatos también incluyen operativos recientes del gobierno mexicano para desactivar puntos de extracción ilegal en ductos de Petróleos Mexicanos.
En el ámbito regional, Sonora comparte frontera con Arizona y constituye un corredor logístico para el tráfico ilícito. Las autoridades federales han intensificado operativos en la entidad para desmantelar bandas dedicadas al hurto de combustible, confiscando vehículos cisterna y deteniendo a responsables vinculados a organizaciones criminales.
El proceso de aprobación en el Capitolio contempla el análisis por parte de los comités del Senado, la votación en el pleno, la revisión en la Cámara de Representantes y, finalmente, la firma del Ejecutivo estadounidense. De concretarse, la ley representaría un mecanismo adicional de inteligencia compartida, aunque podría generar reflexiones sobre la soberanía en materia de seguridad interior.
La propuesta legislativa se inscribe en un contexto de colaboración binacional contra el crimen organizado trasnacional, en el que las autoridades mexicanas han mantenido operativos permanentes contra el robo de hidrocarburos mediante el llamado Cuarto de Guerra instalado por Petróleos Mexicanos.
Con información de laverdad.com.mx.
