Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de llevar a cabo ataques terrestres contra organizaciones criminales en territorio mexicano encierran implicaciones que trascienden la seguridad y que alcanzan directamente el ejercicio del periodismo y el derecho a la información en Sonora y en todo el país.
Trump ha asegurado que su estrategia contra el narcotráfico en el Caribe redujo el tráfico de drogas un 97 por ciento y advirtió que ahora contempla una ofensiva terrestre que podría abarcar a México, Centroamérica y Suramérica. Su mensaje es claro: si México no actúa por cuenta propia, Estados Unidos lo hará.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier posibilidad de invasión militar, al tiempo que ha reiterado que México colabora activamente con las autoridades estadounidenses en materia de seguridad, pero defendedrá su soberanía y no permitirá el ingreso de fuerzas armadas de ese país a territorio nacional.
Sin embargo, más allá de la postura diplomática, surge una pregunta que no puede ignorarse: ¿qué ocurriría con la libertad de expresión y el derecho a la información si la amenaza se materializa?
La historia ofrece un antecedente que debe considerarse. En 1942, ante el temor de un ataque enemigo, el gobierno mexicano —bajo la administración de Manuel Ávila Camacho— publicó en el Diario Oficial de la Federación dos decretos históricos. El primero declaró el estado de guerra contra las potencias del Eje. El segundo intentó suspender garantías individuales que hoy consideramos fundamentales.
Entre los derechos que podían cancelarse en caso de bombardeo o invasión figuraban la libertad de trabajo, el derecho a no ser obligado a prestar servicio militar, la libertad de tránsito y, de manera especialmente relevante para este análisis, la libertad de expresión y de imprenta. Los artículos sexto y séptimo de la Constitución, que prohíbe la censura y garantiza el derecho de escribir y publicar, quedarían sin efecto.
El decreto también contemplaba la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia, lo que en el contexto actual significaría la posibilidad de intervenir correo electrónico, mensajería instantánea y redes sociales sin orden judicial, bajo el argumento de una situación de emergencia.
Aquel decreto de 1942 nunca se aplicó porque el ataque extranjero no ocurrió, pero la maquinaria jurídica quedó establecida. Es un precedente que muestra cómo el marco legal mexicano contempla mecanismos de excepción ante amenazas externas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 29, permite al presidente, con aprobación del Congreso, suspender garantías individuales en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro. La libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a tecnologías de la información y comunicación podrían quedar entre los derechos afectados, tal como ocurrió en el escenario previsto hace más de ocho décadas.
No se trata de un escenario remoto ni alarmista. Es una posibilidad jurídica real, con precedente histórico en México y con antecedentes recientes en Venezuela, Irán y Cuba, donde el gobierno de Trump ha mostrado disposición a actuar de manera unilateral.
Un ataque militar de Estados Unidos contra territorio mexicano, incluso bajo el argumento de combatir cárteles, generaría un vacío informativo que debería llenarse con información veraz y oportuna para la población. Sin embargo, también existiría la tentación desde el poder de controlar la narrativa, de limitar lo que periodistas, medios de comunicación y ciudadanos pueden reportar sobre las operaciones militares.
La censura, bajo el argumento de seguridad nacional, suele ser la primera victima en estos escenarios. Así lo enseña la historia y así lo hemos visto en conflictos recientes alrededor del mundo.
Para Sonora, entidad que comparte frontera con Arizona y mantiene estrecho ties comercial y cultural con Estados Unidos, estas discusiones no son abstractas. La sociedad sonorense tiene un interés directo en que cualquier respuesta gubernamental respete los derechos fundamentales de sus habitantes.
El derecho a la información es la base para que la ciudadanía comprenda lo que ocurre, exija cuentas y participe en las decisiones que afectan su vida. En un escenario de conflicto, ese derecho se vuelve más urgente, no menos.
México es pacifista y defendedrá su soberanía. Pero las amenazas recientes obligan a que periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles exijan, desde ahora, garantías claras de que cualquier respuesta ante una eventual agresión respete los derechos fundamentales de los mexicanos.
Con información de Proceso.
