A siete años de su creación, la Guardia Nacional enfrenta una nueva etapa de consolidación que podría transformarla en el instrumento de seguridad que el país necesita para atender a las comunidades más vulnerables.
Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Guardia Nacional ha sido objeto de una restructuración profunda que le otorga facultades de investigación, además de fortalecer sus capacidades técnicas en materia de inteligencia y servicios forenses. Estas modificaciones representan un cambio significativo respecto a la función original del cuerpo de seguridad.
El objetivo de estas reformas es que los guardias nacionales puedan brindar a los municipios pequeños y las comunidades remotas del país la seguridad que requieren, emulando el modelo de otras fuerzas de seguridad que han demostrado efectividad en contextos similares. La estrategia contempla que estos elementos tengan presencia permanente y capacitación adecuada para atender las problemáticas específicas de cada región.
En otro tema, la Consulta Popular anunciada por el Gobierno de México para los pueblos indígenas representa una oportunidad para atender las condiciones de pobreza y rezago que persisten en estas comunidades, las cuales según estadísticas del INEGI concentran algunos de los índices de marginación más altos del país.
Desde la creación del Instituto Nacional Indigenista en 1948, diversos gobiernos han implementado programas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, sin embargo, los indicadores de pobreza y analfabetismo continúan siendo superiores al promedio nacional en estas poblaciones.
La expectativa es que esta Consulta, impulsada por la administración de la presidenta Sheinbaum, no se limite a ser un programa más, sino que se convierta en una estrategia integral que permita cerrar las brechas de desarrollo que históricamente han afectado a los pueblos originarios del país.
En el contexto regional, estas decisiones podrían tener implicaciones directas para Sonora, entidad que cuenta con comunidades indígenas en diversas regiones y donde la presencia de corporaciones de seguridad en zonas rurales resulta prioritaria para garantizar la tranquilidad de las familias sonorenses.
Con información de El Economista.
