La Fiscalía General de la República documentó la participación activa de al menos tres agentes aduanales en una red de tráfico de hidrocarburos que operó mediante la empresa ficticia Ingemar, en la que aparece vinculado el exgobernador priista de Baja California Ernesto Ruffo Appel.
Según la causa penal integrada por la FGR, los agentes aduanales fueron pieza fundamental para que combustible irregular ingresara al territorio nacional sin ser detectado por las autoridades aduaneras, al tramitar pedimentos de importación con declaraciones falsas sobre el contenido de las cargas.
Uno de los casos documentados es el del agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta, quien tramitó la importación de dos carrotanques reportados como transporte de cloruro de calcio. No obstante, peritos en ingeniería mecánica y química determinaron que las unidades TAEX2710 y UTLX205538 contenían en realidad 111 mil 391 litros de diesel automotriz y 114 mil 242 litros de gasolina regular, respectivamente.
El expediente señala que Carretero Zardeneta cuenta con antecedentes delictivos por acciones similares en otros expedientes, lo que evidencia su constante participación en hechos con apariencia de delito. La Fiscalía resalta que los agentes aduanales estampaban su firma electrónica en los pedimentos de importación manifestando bajo protesta de decir verdad que los datos eran ciertos, corroborando su participación consciente en el esquema delictivo.
Otro agente involucrado fue Juan Hermilo Chávez Rodríguez, quien habría tramitado la importación de 161 carrotanques con mercancía en exceso a la declarada. En cinco de estas unidades también tuvo intervención Luis Antonio Barrientos Juárez, dependiente autorizado del primero.
La indagatoria precisa que una vez que Ingemar ingresó irregularmente los petrolíferos al país, procedió a su distribución entre empresas como Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G, y Crismon Hidrocarburos y Derivados, las cuales simulaban operaciones lícitas para justificar la enajenación del combustible.
Las autoridades federales señalaron que la colusión de los agentes aduanales fue indispensable para el funcionamiento de la organización, ya que ellos tenían acceso al sistema electrónico aduanero para registrar datos sobre volúmenes, tipo de mercancía y clasificación arancelaria, siendo responsables de la veracidad de la información proporcionada.
El caso representa un golpe de las autoridades federales contra redes de contrabando que utilizan el comercio exterior como fachada para movimentar hidrocarburos de manera irregular, evadiendo contribuciones y alimentando mercados ilegales.
Con información de vanguardia.com.mx.
