La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una ambiciosa reforma anticorrupción que plantea la mayor reingeniería institucional en esta materia desde que la alianza de la Cuarta Transformación llegó al poder hace ocho años. El paquete de reformas, que incluye modificaciones constitucionales y legales, tiene como primeros blancos el huachicol fiscal y las redes de facturación falsa.
De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, la iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno federal y de un sector de legisladores de Morena, además de contar con el interés de empresariales, universidades y centros de investigación como El Colegio de México, la UNAM y el CIDE.
La mandataria confirmó esta semana que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro; la Auditoría Superior de la Federación, dirigida por Aureliano Hernández, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa trabajan en modificaciones legales para presentar una propuesta conjunta. Sheinbaum anunció además un decreto para reforzar las obligaciones de transparencia del gobierno federal, con el objetivo de que ninguna autoridad pueda reservar información bajo criterios discrecionales, salvo por razones judiciales o de seguridad nacional.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que el grupo promotor considera indispensable una nueva legislación específica contra el robo de hidrocarburos y petrolíferos, pero sobre todo contra quienes compran combustible de procedencia ilícita. “Necesitamos poner más atención no solamente a la oferta, sino a la demanda”, manifestó el legislador.
El diagnóstico oficial identifica estaciones de servicio, grandes empresas transportistas, actividades mineras y obras públicas como algunos de los principales consumidores del combustible ilegal. La propuesta contempla ampliar significativamente el uso de la extinción de dominio para castigar a quienes financian o se benefician de esas redes.
El otro frente apunta hacia las empresas fachada. La intención es cerrar espacios a las operaciones simuladas mediante cambios en la legislación fiscal, particularmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con un escrutinio mayor sobre sindicatos, universidades, organismos autónomos y gobiernos estatales y municipales.
Quienes impulsan la reforma insisten en que el objetivo no es únicamente perseguir delitos específicos, sino modificar la arquitectura institucional que, a su juicio, ha demostrado ser insuficiente para contener la corrupción. “El sistema de auditorías está agotado”, reconoció Ramírez Cuéllar, quien señaló que tanto el modelo federal como los esquemas estatales presentan limitaciones estructurales, rezagos tecnológicos y escasa capacidad para detectar irregularidades en tiempo real.
La propuesta plantea reconstruir por completo el sistema de auditorías, fortalecer la independencia de las auditorías locales y federales, introducir mecanismos de vigilancia permanente y permitir revisiones prácticamente simultáneas al ejercicio del gasto público.
En el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción, las discusiones incluyen fortalecer presupuestal y operativamente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, crear una Fiscalía más especializada en robo de hidrocarburos, ampliar la protección para denunciantes y convertir la denuncia ciudadana en uno de los pilares del nuevo modelo institucional.
El cambio más delicado es la transformación del SNA en un mecanismo de coordinación obligatoria encabezado por el Estado mexicano, con participación determinante del presidente en turno, siguiendo un esquema parecido al Sistema Nacional de Seguridad Pública. La propuesta contempla decisiones vinculantes entre instituciones, intercambio obligatorio de información, evaluaciones periódicas e informes públicos sobre metas y resultados.
El paquete también incluye la desaparición del fuero como inmunidad procesal y la modificación de los efectos del juicio político para impedir que funcionarios sancionados permanezcan en sus cargos gracias a interpretaciones jurisprudenciales. Ramírez Cuéllar rechazó que la reforma tenga destinatarios específicos: “No tiene dedicatoria especial para nadie. Queremos atacar un fenómeno político”.
Con información de EL PAÍS.
