El desmantelamiento de dos instalaciones clandestinas de procesamiento de hidrocarburos en Reynosa, Tamaulipas, dejó al descubierto la complejidad que han alcanzado las redes dedicadas al robo de combustible en México. El operativo realizado el pasado 24 de julio por fuerzas federales resultaron en el aseguramiento de 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo, el decomiso más grande registrado en una instalación de este tipo en el país.
Las autoridades federales localizaron además otros 109 mil 400 litros de combustible en un segundo predio de la misma ciudad fronteriza. La instalación principal operaba en la Brecha El Becerro, a apenas 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional, lo que evidencia la capacidad de estas organizaciones para establecerse incluso cerca de instalaciones de seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estos sitios no deben denominarse refinerías, ya que el término implica procesos industriales de mayor complejidad. No obstante, reconoció que estas instalaciones permiten transformar hidrocarburos para obtener derivados destinados al mercado ilegal.
Los antecedentes muestran que esta modalidad ha registrado un crecimiento sostenido. El 8 de septiembre de 2022 fue asegurada una destilería clandestina en Degollado, Jalisco, con 85 mil litros de crudo y gasolinas. El 14 de mayo de 2023 se desmanteló un patio de almacenamiento en García, Nuevo León, con 120 mil litros de hidrocarburo robado. En junio de 2025, autoridades federales lograron asegurar en Coatzacoalcos, Veracruz, una instalación utilizada para producir diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo sin permisos ni medidas de seguridad.
Especialistas señalan que los grupos delictivos han montado complejos industriales de menor escala en zonas rurales o parques industriales, ocultándolos bajo la fachada de recicladoras, chatarreras o pensiones para vehículos, lo que facilita justificar el tránsito constante de camiones cisterna y el movimiento de hidrocarburos.
A esta evolución se suma un vacío legal. Investigaciones periodísticas han documentado que plataformas internacionales ofrecen equipos para minirrefinerías con precios que van de 2 mil 500 a 700 mil dólares. La legislación mexicana regula la operación de refinerías, pero no restringe la compra, importación o transporte de esta infraestructura. Expertos advierten que estas plantas pueden ingresar legalmente al país desarmadas y ser ensambladas en pocos días.
En el caso más reciente en Reynosa, el decomiso del combustible y los equipos no se acompañó de personas detenidas, lo que evidencia los retos que aún enfrenta la investigación de estas redes criminales en el país.
Con información de Diario de Yucatán.
