La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) participa activamente en las mesas de diálogo organizadas para analizar y enriquecer la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, iniciativa enviada al Senado de la República por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estas instancias buscan construir una legislación que responda a la realidad que enfrentan las mujeres en todo el territorio nacional.
El delito de feminicidio representa una de las conductas más graves en contra de las mujeres, donde la violencia alcanza su máximo extremo, dejando vidas truncadas, familias destrozadas y comunidades entera afectadas. Casos emblemáticos como los de Lesvy Berlín Osorio, Abril Pérez, Ingrid Escamilla o la pequeña Fátima Cecilia reflejan la urgencia de contar con herramientas legales que permitan prevenir y castigar estos crímenes de manera efectiva.
Las mesas de diálogo convocadas reúnen a especialistas que investigan estos delitos, jueces que los juzgan, defensores que acompañan a las víctimas, académicas que estudian el fenómeno y activistas que han peleado por los derechos de las mujeres durante años. Sin embargo, el componente más significativo es la participación de las familias de las víctimas, quienes desde el dolor de perder a una madre, hija, hermana o esposa han exigido justicia y han aportado testimonios fundamentales para comprender la dimensión del problema.
La importancia de atender de manera oportuna las violencias que se presentan y escalan de forma paulatina resulta crucial para evitar que lleguen a consecuencias fatales. Brindar protección a las víctimas con base en una respuesta adecuada de las autoridades puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, señaló la FEVIMTRA durante su participación en estas mesas de trabajo.
Contar con una ley homologada en todo el país resulta indispensable para combatir esteflagelo desde todas sus dimensiones. Actualmente, la disparidad en las definiciones y sanciones entre estados dificulta la persecución efectiva del delito y genera vacíos que benefician a quienes lo cometen. La unificación de criterios permitirá que cada mujer, en cada colonia, en cada municipio y en cada estado de la República, cuente con la misma protección legal.
Cuando ocurre un feminicidio, el Estado tiene la obligación de investigar para llegar a la verdad, aplicar todo el peso de la ley contra los responsables, garantizar la reparación del daño y ofrecer atención integral a las víctimas indirectas que ven gravemente afectado el desarrollo de sus vidas. La construcción colaborativa de esta ley busca precisamente asegurar que esas obligaciones se cumplan de manera uniforme en todo México.
En Sonora, donde los indicadores de violencia contra las mujeres siguen siendo preocupantes, la homologación legislativa representa una oportunidad para fortalecer las carpetas de investigación y garantizar que los casos se conduzcan con los mismos estándares de rigor en cualquier municipio del estado. La participación de organizaciones sonorenses en estas mesas de diálogo resulta fundamental para que la ley refleje también las necesidades específicas de la región.
Con información de El Heraldo de México.
