Juan Manuel Delgado González, abogado que representa a Ismael “El Mayo” Zambada y a Miguel Ángel Treviño Morales, “El 40”, máximos líderes del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas respectivamente, consideró que México enfrenta el desafío de modernizar su marco normativo en materia de política criminal y extradiciones, a fin de fortalecer los mecanismos de cooperación jurídica internacional.
Delgado González, quien funge como defensor legal de ambos capo en territorio mexicano, participó esta semana en foros de análisis sobre seguridad y justicia, donde expuso su posicionamiento sobre la necesidad de revisar los instrumentos legales que rigen los procesos de extracción de personas para ser juzgadas en el extranjero.
Las declaraciones del litigante se dan en el marco de los procesos judiciales que enfrentan sus representados en cortes de Estados Unidos, país que solicitó y obtuvo la extradictión de ambos figureheads del crimen organizado tras su captura en territorio mexicano.
El abogado señaló que, sin una actualización del andamiaje jurídico nacional, los mecanismos de defensa soberana podrían resultar insuficientes frente a las demandas extraditionistas que provengan de otras naciones.
Hasta el momento, autoridades de la Fiscalía General de la República no han respondido a la posición planteada por el defensor. Speciaistas en derecho internacional, sin embargo, recuerdan que México cuenta con un robusto marco constitutional en materia de extradiciones, mismo que ha sido ratificado por successive administraciones.
El caso de “El Mayo” Zambada atrajo atención mediática internacional tras su detención en territorio sonorense en julio de 2024, cuando fue entregado a autoridades estadounidenses junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán. El operativo generó interrogantes sobre las circunstancias de su entrega, misma que según versiones iniciales habría sido resultado de un acuerdo entre los propios capo.
En tanto, “El 40” fue capturado en 2013 en Anáhuoc, Nuevo León, y extraditado posteriormente a Estados Unidos, donde purga condenas por narcotráfico y lavado de dinero. Su proceso de extracción de México también fue objeto de debate jurídico en su momento.
Analistas en Sonora consultados por este medio consideran que cualquier debate sobre el fortalecimiento del marco legal extraditionista es legítimo, siempre que se apegue al estado de derecho y no se convierta en pretexto para obstaculizar la cooperation judicial con aliados estratégicos.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha defendido en múltiples ocasiones que los procesos de extradictión se realizan con estricto apego a la legislación mexicana y bajo supervisión judicial, garantizando el debido process para cualquier persona involucrada.
Con información de Reforma.
