La presidenta Claudia Sheinbaum entregará este martes 8 de septiembre, a las 18:00 horas, el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados, con el cual busca consolidar la estabilidad financiera del país y dar continuidad al Plan México, la estrategia nacional de desarrollo económico y regional impulsada por la actual administración federal.
Durante su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria adelantó que la consolidación fiscal incluida en el paquete será “paulatina” y garantizó que se preservará la inversión pública como motor del crecimiento económico y del bienestar. Sheinbaum reconoció que el país enfrenta el desafío de atender el déficit fiscal que recibió de la administración anterior, sin sacrificar los programas sociales ni los proyectos estratégicos de infraestructura que forman parte de la agenda de la Cuarta Transformación, como la ampliación del tren de pasajeros y los polos de desarrollo del sureste.
De acuerdo con analistas del sector financiero consultados por diversos medios, el paquete mantendrá formalmente el compromiso con la reducción del déficit y la estabilización de la deuda pública, aunque la consolidación fiscal avanzará a un ritmo mesurado, acorde con la complejidad del entorno económico internacional. Arely Medina, investigadora de la Dirección de Estudios Económicos de Banamex, consideró que será clave que la Secretaría de Hacienda presente una trayectoria descendente del déficit acompañada de supuestos macroeconómicos sólidos y medidas concretas que hagan viable el ajuste, sin depender nuevamente de recortes a la inversión pública, pues esta última es indispensable para sostener el crecimiento.
Las cifras oficiales difundidas por la Secretaría de Hacienda indican que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicaron en 5,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, el nivel más alto desde 1988, y desde entonces la dependencia federal ha proyectado una reducción progresiva del indicador. Banamex estima que el déficit fiscal se ubique en 4,3 por ciento del PIB al cierre de 2026 y aumente a 4,6 por ciento en 2027, mientras que las proyecciones de Hacienda previas al paquete apuntan a 4,1 por ciento al cierre de este año y 3,5 por ciento para 2027. Para los especialistas del sector, la credibilidad de la trayectoria fiscal será el principal elemento a evaluar durante el proceso legislativo, en un escenario en el que el año electoral y el calendario 2027 ejercerán presión adicional sobre las finanzas públicas nacionales.
En el plano internacional, las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody’s y S&P Global han expresado observaciones técnicas sobre el ritmo de la consolidación fiscal mexicana. En abril pasado, Fitch ratificó la calificación crediticia del país en BBB-, aunque alertó sobre una consolidación fiscal complicada; en mayo, Moody’s realizó un ajuste a la baja de Baa2 a Baa3 por debilitamiento de la solidez fiscal; y S&P Global mantuvo la calificación en BBB, aunque modificó su perspectiva a negativa ante el riesgo de una consolidación muy lenta. Para Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, “a nadie le conviene que México pierda el grado de inversión”, y señaló que la Secretaría de Hacienda debe ser la más interesada en preservarlo, pues su pérdida implicaría un mayor costo financiero de la deuda pública y condiciones menos favorables para el financiamiento del desarrollo.
En el ámbito tributario, los datos previos a la entrega del paquete muestran un crecimiento nulo de los ingresos tributarios entre enero y julio de este año. Al interior, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), uno de los dos principales gravámenes del país, cayó 6 por ciento anual real en el periodo de referencia, la peor contracción para un mismo periodo desde 2009. Para Mariana Campos, directora general de México Evalúa, el problema fiscal de México no es solo cuánto se debe, sino que el país está erogando persistentemente por encima de los ingresos que su gobierno y economía pueden generar.
En el ámbito regional, el Paquete Económico 2027 resulta particularmente relevante para Sonora porque define los recursos federales que llegarán a estados y municipios, incluidos los destinados a programas sociales, infraestructura carretera, apoyo al campo, seguridad pública y fortalecimiento de servicios de salud y educación. Un manejo fiscal ordenado permitirá al gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, continuar con los proyectos de desarrollo impulsados por la Cuarta Transformación, entre ellos obras de conectividad, programas de vivienda social y mejora de espacios públicos en Hermosillo y los municipios del estado, así como el respaldo a sectores productivos estratégicos como la pesca, la minería y la agroindustria sonorense.
La entrega del paquete marca el inicio del proceso legislativo en el Congreso de la Unión, donde las y los diputados federales, incluidos los representantes de Sonora, analizarán los rubros de ingresos, gasto y deuda correspondientes al próximo ejercicio fiscal, en un contexto que combina compromisos sociales, presión electoral por el año próximo y la necesidad de mantener la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Con información de Bloomberg Línea.
