Los procesos judiciales contra las personas imputadas por el incendio de la tienda Waldo’s, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado en el centro de Hermosillo y que dejó 24 personas fallecidas y más de una decena lesionadas, podrían concluir entre diciembre del presente año y enero del próximo, informó Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.
A casi un año de la tragedia, el magistrado explicó que existen entre 15 y 20 personas imputadas, en su mayoría funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, cuyos procedimientos penales se encuentran actualmente en diferentes etapas procesales.
Acuña Griego señaló que, hasta el momento, ninguna persona involucrada se encuentra en prisión, ya que los procesos no han finalizado y, por la naturaleza del tipo penal que se les imputa, no procede la prisión preventiva justificada. “Por el tipo de responsabilidad es culposo, no hay prisión preventiva. Todos los imputados que están ahorita son por delito culposo, que quiere decir que no hubo intención de causar el daño”, expuso.
El titular del Poder Judicial sonorense agregó que, aunque ese aspecto no es competencia directa del tribunal a su cargo, tiene conocimiento de que la empresa ya realizó la indemnización correspondiente a los familiares de las víctimas. Subrayó que esa reparación del daño podría influir en las decisiones que adopten los jueces que llevan los casos.
“Nosotros no nos ocupamos exactamente de esta situación, pero tengo entendido que a todos se les indemnizó, no sé en qué forma. Eso tiene que llevarse a los juzgados, porque indudablemente influye muchísimo en las decisiones que tomen los jueces el que hayan reparado el daño, inclusive se otorgue un perdón”, manifestó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
El incendio del 1 de noviembre de 2024 en la sucursal de Waldo’s, ubicada sobre el boulevard Luis Encinas, en la zona centro de Hermosillo, es considerado una de las peores tragedias ocurridas en un establecimiento comercial en la entidad en los últimos años. Las llamas se propagaron con rapidez por el local, lo que dificultó la evacuación de empleados y clientes que se encontraban al interior al momento del siniestro.
Las investigaciones abiertas tras el siniestro buscan determinar si existieron responsabilidades en la operación y supervisión del establecimiento. Las pesquisas contemplan el historial de revisiones de protección civil y el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes para locales con aforo considerable en Sonora.
A raíz del hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado integró la carpeta de investigación correspondiente con apoyo de peritos en criminalística, ingeniería eléctrica y protección civil. Las declaraciones de empleados, proveedores y representantes de la cadena comercial fueron incorporadas al expediente, junto con los dictámenes sobre las condiciones físicas del local al momento del incendio.
Las familias afectadas, organizadas en colectivos y acompañadas por representantes legales, han sostenido reuniones periódicas con autoridades estatales para conocer los avances de los procesos y han solicitado que las sanciones no se limiten al ámbito administrativo, sino que alcancen a quienes, por acción u omisión, habrían permitido el funcionamiento del local pese a las irregularidades detectadas en revisiones previas.
En el ámbito institucional, la apertura de procesos contra servidores públicos de distintos niveles de gobierno ha puesto el foco en la cadena de responsabilidades que rodea la operación de comercios, desde las inspecciones municipales hasta las verificaciones estatales en materia de protección civil y uso de suelo. Especialistas en derecho administrativo han señalado que, una vez concluidos los juicios, las resoluciones podrían sentar precedente para la supervisión de grandes establecimientos en la entidad.
El sector empresarial de Hermosillo y el resto de Sonora han expresado la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia preventiva en comercios, restaurantes y centros de alta concentración, a fin de evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en la entidad y garantizar condiciones seguras para empleados y consumidores. El llamado se ha intensificado en la capital sonorense, donde el siniestro dejó una huella profunda en la colectividad.
Con información de N+.
