La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 344 votos a favor, 115 en contra y una sola abstención, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir que personas con doble nacionalidad aspiren a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como para cerrar cualquier resquicio de protección diplomática extranjera para quienes ostenten esos cargos.
El dictamen, respaldado por la coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que la presidenta Sheinbaum envió al Congreso de la Unión al inicio de su gestión, con el propósito de homologar criterios de lealtad institucional y blindar los principios de soberanía nacional que rigen los puestos de mayor responsabilidad política en el país.
El texto aprobado establece que para ocupar cualquiera de esos cargos, las y los aspirantes deberán ser mexicanas y mexicanos por nacimiento, hijas o hijos de padre o madre también mexicanos, y no poseer otra nacionalidad. En caso de contar con una ciudadanía distinta a la mexicana, deberán renunciar a ella en los términos y plazos que fije la legislación secundaria, antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos ante la autoridad electoral correspondiente.
De manera complementaria, el dictamen prohíbe el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos como ciudadana o ciudadano extranjero y el acceso a protección diplomática de cualquier país distinto a México. Las modificaciones serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028, es decir, en las próximas elecciones para gubernaturas —incluida la de Sonora—, y no alcanzarán a quienes ya se encuentren en funciones al momento de entrar en vigor del decreto.
El debate en el pleno de San Lázaro se extendió por varias horas. Legisladoras y legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la medida como un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, además de un blindaje jurídico para evitar que personas vinculadas a otros Estados puedan ocupar las posiciones de mayor poder en el país. La presidenta Sheinbaum ha sostenido, en distintas intervenciones públicas, que la reforma busca cerrar resquicios legales y garantizar que las y los servidores públicos de más alto rango respondan exclusivamente a los intereses del pueblo de México.
Por su parte, diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) se opusieron al dictamen y cuestionaron la pertinencia de la iniciativa en este momento. La oposición argumentó inconsistencias técnicas en el texto y acusó al bloque oficialista de priorizar una reforma con dedicatoria personal en lugar de atender otros pendientes legislativos, entre ellos el esclarecimiento del fallecimiento de cinco menores en una clínica de Durango. El uso de calificativos gruesos contra la bancada mayoritaria marcó el tono de una sesión que se prolongó durante toda la jornada.
La discusión pública se enmarca en la disputa que la propia mandataria ha mantenido con el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta procesos pendientes con la justicia mexicana y posee, de forma simultánea, la nacionalidad mexicana y la estadounidense. Diversos analistas han señalado que el caso funciona como antecedente directo de la reforma, ya que la doble nacionalidad del exmandatario ha complicado los mecanismos de cooperación internacional para su entrega a las autoridades nacionales.
Para Sonora y el resto de las entidades federativas, el dictamen aprobado en San Lázaro implica que a partir del proceso electoral de 2028 las y los candidatos a la gubernatura deberán acreditar plenamente que no cuentan con otra nacionalidad o, en su defecto, renunciar a ella dentro de los plazos que se fijen en la legislación secundaria. El gobernador Alfonso Durazo, quien actualmente no posee ciudadanía extranjera, no se ve alcanzado por las nuevas disposiciones, dado que el decreto respeta los derechos adquiridos de quienes se encuentren en funciones. El cambio se suma a los criterios de elegibilidad que el estado y la Federación aplican a los cargos de elección popular y deja en manos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos electorales locales la verificación de los nuevos requisitos antes de cada registro.
Con información de Cafe Negro Portal.
