Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), difundieron en redes sociales fotografías en las que se observan vehículos oficiales de seguridad estacionados fuera de las instalaciones del plantel, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Los alumnos pidieron a las autoridades universitarias aclarar el destino y la autorización de los traslados.
De acuerdo con los señalamientos recabados por la comunidad estudiantil, las unidades asignadas a tareas de vigilancia y protección dentro del campus habrían sido utilizadas por personal de la institución para desplazarse a distintos puntos de la zona, incluyendo establecimientos comerciales y vialidades cercanas a la facultad.
Una de las imágenes compartidas muestra una unidad con número económico 605 y placas X48-BSZ estacionada a unas cuantas cuadras de la FES Acatlán. Otra fotografía muestra el vehículo 603, con placas X11-BSZ, afuera de un negocio, lo que los alumnos identificaron como un posible uso con fines ajenos a la seguridad universitaria.
El alumnado considera que este tipo de situaciones merecen una revisión institucional, debido a que los recursos destinados al mantenimiento y combustible de las unidades son cubiertos por la UNAM, por lo que un uso distinto al autorizado representaría un aprovechamiento indebido del presupuesto universitario.
Los denunciantes también señalaron que las unidades han sido vistas en la zona centro de San Bartolo, en las cercanías del plantel. La sola presencia de los vehículos fuera del campus no permite, por sí misma, determinar si los traslados contaban con autorización o si se trató de alguna falta administrativa, por lo que los propios estudiantes solicitaron que la administración del plantel y las áreas centrales de la UNAM intervengan para esclarecer los hechos.
Piden sanciones y transparencia en el uso de recursos
Entre las medidas planteadas por la comunidad estudiantil se encuentra la posibilidad de aplicar sanciones administrativas al personal que incurra en el uso de vehículos oficiales para actividades personales, en caso de que las investigaciones internas acrediten una conducta contraria a las disposiciones de la institución. Los alumnos también subrayaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión sobre las unidades asignadas a la FES Acatlán.
El caso pone sobre la mesa el debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la seguridad universitaria, particularmente en un contexto donde los propios alumnos han reportado incidentes al interior del plantel. En mayo de 2025, la universitaria Estefany Sánchez denunció el robo de una motocicleta en un espacio que, según su testimonio, debía ser cerrado y controlado, lo que reavivó el reclamo de mayor presencia y vigilancia efectiva dentro del campus.
La eventual revisión de las denuncias permettraitía a la UNAM verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a las unidades, corroborar si los recorridos contaron con autorización y, si correspondiera, iniciar los procedimientos administrativos conducentes. Hasta el momento, la administración central de la universidad no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones.
Un debate que trasciende a la UNAM
El señalamiento de los estudiantes de la FES Acatlán se inscribe en un debate más amplio sobre el uso de vehículos y recursos públicos en instituciones educativas y de gobierno en todo el país. La exigencia de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de patrullas, unidades oficiales y presupuestos operativos es una demanda creciente de comunidades universitarias y ciudadanas, tanto en el Estado de México como en entidades como Sonora, donde estudiantes y padres de familia han solicitado en distintas ocasiones mecanismos claros de supervisión sobre los bienes asignados a planteles públicos.
Para la comunidad universitaria de Hermosillo y de otras ciudades sonorenses donde la presencia de la UNAM y de otras instituciones de educación superior es significativa, el caso recuerda la importancia de que los recursos destinados a la seguridad y vigilancia de los campus se canalicen exclusivamente a la protección de la comunidad estudiantil, sin distracciones ni usos que se aparten de su función original.
Con información de Infobae.
