Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial. No muestra a las personas ni el momento reales de esta nota.
Trabajadores del Poder Judicial mantienen un paro de actividades en Hermosillo, Sonora, que podría prolongarse hasta el lunes 9 de noviembre, en rechazo a los nuevos lineamientos de evaluación del desempeño. Las manifestaciones se llevan a cabo en el Edificio Sonora, instalaciones ubicadas en el cruce de Monteverde y bulevar Luis Encinas, y en el inmueble de la calle Doctor Paliza. En Sonora, alrededor de 900 trabajadores participan en el movimiento, por lo que la atención al público en los juzgados federales de la capital sonorense permanece incierta para los próximos días. La magnitud de la protesta mantiene la alerta entre operadores jurídicos, dependencias y usuarios que dependen de la agenda de los juzgados.
El desacuerdo se centra en los criterios de la evaluación. El esquema contempla que un examen de conocimientos equivalga al 40 por ciento de la calificación, mientras que la opinión de los compañeros de trabajo representa el 20 por ciento. El porcentaje restante se compone de otros elementos, como la asistencia a cursos y la valoración del jefe inmediato. De esta manera, el resultado depende de distintos factores, desde una prueba de conocimientos hasta las apreciaciones de las personas más cercanas al puesto.
Qué se discute en la evaluación
Los trabajadores consideran que el mecanismo podría afectar la estabilidad de sus puestos y los derechos adquiridos durante su trayectoria en el ramo. A su juicio, la aplicación de un nuevo sistema de medición exige garantías claras sobre sus consecuencias, especialmente para el personal con años de servicio. La protesta se sustenta en la petición de que se expliquen los alcances del esquema y de que se garanticen las condiciones laborales de quienes llevan larga trayectoria en la institución. El paro funciona, en ese contexto, como un mecanismo de presión para que la administración judicial atienda las dudas del personal.
El Órgano de Administración Judicial ha señalado que la primera evaluación, programada para diciembre, tendrá carácter diagnóstico y no tendrá consecuencias individuales sobre la permanencia del personal. La explicación institucional distingue, en ese punto, entre un ejercicio inicial de diagnóstico y un procedimiento con efectos laborales sobre cada trabajador. La aclaración se concentra en la primera etapa del proceso y no sustituye la explicación completa de los criterios que cuestionan los trabajadores. El caso local se suma al debate nacional sobre el Poder Judicial, en el que las condiciones de trabajo del ramo y el acceso de la ciudadanía a la justicia concentran la atención pública.
Efectos para los usuarios y para Sonora
Para los usuarios, el principal efecto es la incertidumbre. Las personas con asuntos pendientes en los juzgados federales de Hermosillo, particularmente quienes cuentan con audiencias o diligencias programadas para los próximos días, no tienen confirmada la realización de sus comparecencias, lo que puede generar retrasos en la resolución de sus asuntos. Los apoyos legales y la representación de intereses que dependen de citas ante el ramo judicial se ven afectados de manera directa cuando la agenda se reprograma sin aviso previo. Hasta el momento no se ha confirmado una suspensión general de todos los trámites ni se ha precisado qué servicios permanecerán disponibles durante el lunes, por lo que el acceso a las instalaciones sigue siendo posible, aunque con condiciones variables.
En el plano regional, la medida tiene consecuencias que rebasan a los trabajadores del ramo. La operación de los juzgados federales interviene en la vida cotidiana de familias, pequeñas empresas y productores del estado, y una pausa prolongada se traduce en plazos más largos para atender demandas, comparecencias y trámites. Para el sector productivo sonorense, la resolución oportuna de controversias y el cumplimiento de compromisos legales se vinculan con la operación regular de esta instancia. Se trata, además, de una medida del Poder Judicial federal, por lo que el Gobierno de Sonora no forma parte de la negociación.
Ante este panorama, la recomendación para los usuarios es comunicarse directamente con el órgano jurisdiccional que conoce el asunto antes de acudir a realizar cualquier gestión, tanto para confirmar la existencia de su cita como para preguntar por los servicios que estarán operando. Las personas que no tengan audiencia programada deben verificar, de igual manera, si los trámites que requieren sello, firma o copia de expedientes se encuentran disponibles. La atención a la población que requiere del Poder Judicial en la capital sonorense depende, en estos momentos, de la comunicación directa con cada juzgado y de los avisos que emita el Órgano de Administración Judicial sobre la normalización de las actividades.
Con información de INFOSON.
