La nueva administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) heredó una serie de contratos plurianuales, que costarán más de dos mil 795 millones de pesos, otorgados de manera irregular a nueve empresas, para la vigilancia de hospitales, unidades médicas, centros vacacionales y oficinas, con guardias privados y sistema de videovigilancia.
Dichos contratos forman parte de una megalicitación del IMSS, que incluyó dos concursos internacionales, una invitación restringida y una adjudicación directa, en la que la empresa más beneficiada fue Servicios Industriales e Institucionales, con un monto de mil 217 millones de pesos.
En la primera licitación internacional, cuyo fallo ocurrió el 2 de junio de 2017, Servicios Industriales e Institucionales, ganó tres partidas: por 277.2 millones de pesos para prestar el servicio en la región sureste; 551.4 millones de pesos por la Centro-Norte y 388.6 por la Centro Sur, con vigencia de entre el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2020.
Fuentes consultadas por 24 HORAS, denunciaron que el proceso de licitación fue manipulado para favorecer a ese corporativo, mediante el ocultamiento de características técnicas para la instalación de circuito cerrado y el acortamiento de plazos para presentar las propuestas económicas.
Una revisión a todo el proceso de licitación, que contiene más de mil fojas, da cuenta de que el IMSS modificó la convocatoria original, y amparado en el artículo 32 de Ley de Adquisiciones, que permite reducir los plazos por cuestiones de emergencia, acortó las fechas entre la Junta de Aclaraciones y la Presentación de Propuestas, de 20 a ocho días, sin especificar el porqué.
Proceso plagado de quejas
En la Junta de Aclaraciones, los concursantes realizaron mil 940 cuestionamientos al IMSS, de los cuales, sólo ocho preguntas fueron de la empresa a la que se otorgó el contrato.
Otra irregularidad es que la licitación se lanzó con carácter internacional y bajo la cobertura de tratados internacionales, pero en ese tipo de procedimientos sólo se permite la compra de bienes y no de servicios como el de vigilancia.
Una de las quejas de los licitantes, expuestos en la Junta de Aclaraciones, es que el estudio de mercado en que se basó la licitación no incluyó a empresas internacionales y carecía de precios actualizados.
A su vez, a los licitantes no se les permitieron las visitas técnicas a los más de 149 edificios donde se prestaría el servicio de seguridad, ni se les dieron detalles sobre la instalación de videocámaras de seguridad.
Y a pesar del costo, que rebasa los mil 217 millones de pesos, los equipos de seguridad instalados son propiedad de Servicios Industriales e Institucionales, por lo que al concluir el contrato, en mayo de 2020, el IMSS tendrá que decidir entre recontratar a la empresa, desmantelar las videocámaras o hacer una oferta de compra.
“Conforme a las deficiencias detectadas, no se acreditaron las mejores condiciones en cuanto a calidad, en la contratación no se consideró que el Sistema de videovigilancia fuera propiedad del Instituto al término del contrato”, concluyó la Auditoría Superior de la Federación en su fiscalización a la Cuenta Pública 2017.
A su vez, el Seguro Social colocó a la Academia de Contratación Pública de México como testigo social; sin embargo, lo hizo con 131 días de anticipación al lanzamiento de la convocatoria y para una licitación nacional y no internacional, incumpliendo las normativas.
En una segunda entrega, este martes, se expondrá a las otras ocho empresas que resultaron beneficiadas por la fragmentación de la licitación internacional LA-019GYR019-E56-2017, para la instalación de circuitos cerrados y vigilancia de sus instalaciones en todo el país, durante la gestión de Mikel Arriola como director del IMSS.
