En 6 meses se han autorizado 54 mil contratos por 26 mil millones de pesos en medio de opacidad y rendición de cuentas, acusa la dirigencia nacional panista
En los seis meses que lleva en el poder, el gobierno de López Obrador ha otorgado el 75 por ciento de los contratos sin licitación pública, mediante los cuales se han autorizado 54 mil contratos por 26 mil millones de pesos en medio de opacidad y rendición de cuentas, afirmó la dirigencia nacional del PAN.
A través de su vocero, Fernando Herrera, acusó que las adjudicaciones directas violan los principios anticorrupción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y aumentan las posibilidades de corrupción y desalientan la competencia entre empresas.
“El Plan Nacional de Desarrollo (PND), en su capítulo de Política y Gobierno, prohíbe con claridad las adjudicaciones directas, pero la actual administración federal ha omitido las licitaciones públicas, lo cual resulta paradójico y arbitrario en un gobierno que pregona la transparencia y la rendición de cuentas”, indicó
Explicó que los 54 mil contratos otorgados por adjudicación directa y de manera discrecional en el gobierno de López Obrador por más de 26 mil millones de pesos para la compra de medicamentos, hemodiálisis y servicios de mantenimiento y cómputo, entre otros, elevan las posibilidades de corrupción en las compras gubernamentales.
“Las compras discrecionales conllevan mayores posibilidades de corrupción. Esta situación en el gobierno de López Obrador indica que nada ha cambiado, que se sigue favoreciendo con contratos a los amigos. Es absolutamente falso que López Obrador esté combatiendo la corrupción”, dijo.
Herrera recalcó que el gobierno del presidente López Obrador quebranta flagrantemente los principios rectores del PND al otorgar el 75 por ciento de los contratos para obras o servicios sin licitación pública, tan sólo en lo que va del año.
El vocero de Acción Nacional abundó que el PND también precisa que no se tolerarán las faltas de observancia a las leyes y reglamentos por parte de funcionarios públicos y que se mantendrá una estricta vigilancia de los conflictos de interés de los servidores públicos. Sin embargo, dijo, en el gobierno de López Obrador sucede lo contrario.
Fernando Herrera también advirtió las consecuencias negativas de las adjudicaciones directas para el sector empresarial, ya que su aplicación distorsiona la sana competencia que debe haber en el mercado y desalienta la inversión y el crecimiento de las empresas de productos y servicios.
