Este miércoles el Gobierno de México ha presentado una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusa de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que la acción legal ha sido presentada ante una corte federal en Boston, Massachusetts con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país desde Estados Unidos.
El Gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores está detrás de al menos 17.000 asesinatos en México. “No lo hacemos para meter presión a EEUU, sino para que no haya muertos en México”, dijo un funcionario mexicano cercano al caso. “Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades de México”, señala Exteriores en un documento en el que explica la demanda. El Gobierno busca una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que -según estimaciones de la Cancillería- podría alcanzar el 2% del PIB de México.
Se estima que cada año más de 500 mil armas de fuego ingresan ilegalmente a la nación mexicana, al menos desde 2016 y hasta la actual administración de AMLO.
Entre las empresas demandadas se encuentran los fabricantes y distribuidores de fusiles antimaterial calibre .50 y rifles de asalto como los AR-15 y WASR-10, los modelos decomisados por autoridades mexicanas con mayor regularidad.
