Los datos de prueba presentados por la Fiscalía de Sonora permitieron que el Juez dictaminara la vinculación a proceso de dos personas en Álamos, Sonora, por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad, fraude, asociación delictuosa y violencia familiar, cometidos desde el año 2014 hasta el 2022 contra Gerald “N.”, ciudadano estadounidense.
Dentro de la Audiencia de Vinculación a Proceso, correspondiente a una causa penal, el Juez también decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra los imputados Joaquín Alberto “N.”, de 50 años de edad, y Claudia “N.”, de 38, y otorgó tres meses de plazo de cierre de investigación complementaria.
La teoría del caso, basada en los datos de prueba recopilados en la carpeta de investigación, establece que los imputados lograron ganarse la confianza de una pareja de adultos mayores estadounidenses que se estableció en Álamos en el año 2000 y adquirieron una propiedad dentro del área urbana de la ciudad.
Lo anterior a partir de la condición de vulnerabilidad del estadounidense quien falleció a los 89 años, y a quien lo maltrataban y lograron obtenerle firmas para despojarle de bienes y cuentas bancarias, lo que se estableció en las indagatorias.
Hasta el año 2022, la pareja de imputados continuaba haciéndose pasar como cuidadores del adulto mayor estadounidense. Durante este periodo, el imputado Joaquín Alberto “N.” obtuvo un beneficio económico ilícito al recibir el pago total de la venta de un bien inmueble perteneciente a Gerald “N.”, por un monto de 8 millones 100 mil pesos.
Con estos conocimientos, y con sólidos datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual hicieron efectiva los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) el pasado 6 de julio al capturar a los hermanos Joaquín Alberto “N.” y Claudia “N.”.
Cabe señalar la estratégica coadyuvancia con el Ministerio Público de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Sonora quien facilitó datos de prueba para el éxito de la investigación, así como la coordinación con la agregaduría del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para consolidar el caso.
De esta forma, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso con las víctimas del delito para garantizarles su derecho de acceso a la justicia.
