La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado que el Congreso de Nuevo León puede continuar con el juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, como lo solicitó la Comisión Anticorrupción en enero del año pasado.
Por unanimidad de votos y con la ausencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se validó el proceso legislativo contra el gobernador por presuntas irregularidades en su administración. Sin embargo, también se resolvió la controversia presentada por García Sepúlveda tras la decisión de la comisión del Congreso en su contra.
Seguirá gobernando en el transcurso del juicio
En la sesión del martes 21 de mayo, los ministros declararon inconstitucional el párrafo segundo del artículo 203 de la Ley de Juicio Político, que estipulaba que la persona acusada debía retirarse del cargo. Así, el gobernador de Movimiento Ciudadano (MC) continuará en su puesto durante el proceso.
Además, el pleno del tribunal detalló que el Poder Legislativo de Nuevo León no tiene las facultades para destituir a un gobernador, ya que esta es una prerrogativa del Tribunal Superior de Justicia, que requiere una sentencia.
Solo si el Congreso local determina que García Sepúlveda cometió faltas graves, el gobernador deberá dejar su cargo. La decisión final será del Tribunal Superior de Justicia del estado. Mientras tanto, García Sepúlveda seguirá ejerciendo sus funciones según la Constitución de Nuevo León.
“La invalidez del artículo 203, párrafo segundo, en su porción normativa el acusado queda solo por ese hecho separado de su cargo y la Constitución Política del Estado libre y soberano de Nuevo León, reformado mediante el decreto número 248″, decretó la Suprema Corte.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del juicio político contra el gobernador a principios de 2023, pero el proceso se detuvo cuando García Sepúlveda promovió un juicio contencioso administrativo. La Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa concedió una suspensión, impidiendo el avance del proceso legislativo.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León respondió con una controversia constitucional contra la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa, resultando en la invalidez de la suspensión a favor de García Sepúlveda.
El Poder Judicial del estado instruyó al Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León para que, en tres días, dicte las medidas necesarias y sobresea el juicio.
A pesar de esta resolución, el juicio político quedó detenido debido a una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo a García Sepúlveda.
El Congreso de Nuevo León nombró a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino durante la licencia de García Sepúlveda, quien buscaba la candidatura a la presidencia.
Este nombramiento llevó a la intervención de la SCJN, que resolvió la crisis institucional dictaminando que Orozco Suárez asumiría como gobernador interino.
No obstante, Orozco Suárez renunció tres días después, permitiendo que García Sepúlveda reasumiera sus funciones como gobernador y abandonando sus aspiraciones presidenciales.
