La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteraron que las solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos deben apegarse al marco jurídico nacional y a los tratados internacionales suscritos por México.
Lo anterior, tras conocerse que el despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners señaló que las autoridades mexicanas estarían retrasando el proceso de extradición solicitado por autoridades estadunidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ocho funcionarios más.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el proceso debe apegarse al marco jurídico nacional y a los tratados internacionales, lo que implica revisar cada solicitud antes de autorizar detenciones o extradiciones.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1978 y modificado en 1980, establece en su Artículo 11 los mecanismos para la detención provisional, que incluye la existencia de una acusación formal y un compromiso para proporcionar documentación en un plazo determinado.
La FGR ha indicado que la información debe manejarse con confidencialidad, conforme a los acuerdos bilaterales establecidos entre ambas naciones.
Por su parte, el gobernador Rocha Moya ha negado las acusaciones y señalado que se encuentra tranquilo, además de que no ha recibido ninguna notificación formal en su contra.
Las autoridades federales han enfatizado que México cumple de manera puntual con sus compromisos internacionales en materia de cooperación jurídica, siempre dentro del marco de la ley.
Con información de Proceso.
