La detención del exgobernador Ernesto Ruffo, vinculada a una carpeta de investigación por huachicol fiscal, se convirtió en ejemplo del combate frontal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra las redes de corrupción, independientemente de la filiación partidista de los involucrados.
En un video difundido el 21 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la investigación por un caso de diésel se originó a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), misma que fue retomada por el fiscal general.
“Como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda firmó la denuncia ante la Fiscalía General de la República hace dos años”, afirmó la mandataria federal, al tiempo que señaló que la llegada de un camión con combustible permitió reunir mayores elementos para realizar las detenciones correspondientes.
Cítlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, negó que el caso obedeciera a motivos políticos y sostuvo que el gobierno federal aplica un criterio apegado a la ley.
“Se le detuvo porque hay una carpeta de investigación en curso. Ese es el criterio que el Gobierno de México ha utilizado en la transformación. Las investigaciones se realizan con hechos y con pruebas, no respecto a la militancia política de las personas”, dijo la dirigente partidista.
Como ejemplo de la implementación de esta política, Hernández mencionó el operativo Enjambre en el Estado de México, donde se detuvo a cerca de 24 personas, entre ellas presidentes municipales, regidores, funcionarios públicos y directores de seguridad.
“El mensaje es distinto: cualquier persona puede ser investigada, sea elemento de seguridad, sea quien sea, si es de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Si es culpable, tiene que ir ante la justicia”, enfatizó.
Ernesto Ruffo fue capturado el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, por elementos de la FGR. Posteriormente fue trasladado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanece en prisión preventiva.
Según la información difundida por la autoridad ministerial, la indagatoria documentó cuatro mil 238 operaciones de importación entre enero y julio de 2025, con un daño al fisco superior a cuatro mil millones de pesos. Las autoridades sostienen que la red declaraba únicamente el diez por ciento del combustible que transportaba desde Texas.
El exmandatario panista promovió un amparo contra la orden de aprehensión que le atribuye los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Ruffo también conmempró ante un Juzgado Séptimo de Distrito en Baja California, con residencia en Ensenada, presuntas acciones de incomunicación y tortura, beneficio que le fue concedido por un juez para evitar esas conductas.
La audiencia correspondiente definirá este martes si el exgobernador queda vinculado a proceso.
Con información de Infobae.
